Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.- A solo 300 metros de la pirámide principal de la antigua ciudad maya de Tzemé, una retroexcavadora trabajaba entre el polvo, los escombros y el olor a estiércol. Los miembros del Consejo Comunitario de Kinchil encontraron la escena que temían: el sello de clausura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colgado de una cinta plástica y, aun así, las máquinas continuaban aplanando la selva.

“Ahí estaban, rompiendo piedras y rellenando, con el sello a un lado. No les importó nada. Ni la historia, ni la ley, ni la selva”, relata Federico May, integrante del Consejo.

El pasado 17 de octubre, las y los comunitarios habían presentado una denuncia ante el INAH por la destrucción de vestigios arqueológicos en un terreno de 1,300 hectáreas propiedad de la empresa Crío, una de las mayores productoras de pollo del país. A pesar de la denuncia y del sello de clausura colocado días después, los trabajos nunca se detuvieron.

Un pasado enterrado bajo el estiércol

Antes de que la maquinaria y el concreto avanzaran sobre el monte, Tzemé fue una ciudad maya de gran relevancia regional. Arqueólogos estiman que albergó a más de diez mil habitantes y mantenía rutas de comercio que llegaban hasta Celestún, Campeche y Tabasco.

Las crónicas locales refieren que la urbe contaba con tres pirámides principales, pozos de agua de forma cuadrangular y plataformas ceremoniales.

“En la parte del medio había dos pirámides pequeñas, de tres o cuatro metros. Las destruyeron completamente. Y al lado, un pozo maya, de los que hacían cuadrados, lo taparon también”, narra Federico.

Hoy, esos montículos yacen deformados bajo piedras y estiércol. El corredor arqueológico del occidente de Yucatán, donde se ubican Oxkintok y otras ciudades antiguas, se transforma aceleradamente en un corredor agroindustrial, dominado por granjas avícolas y caminos de concreto.

El sello que nadie respeta

De acuerdo con el Consejo, personal del INAH acudió a la zona hacia el 28 de octubre y colocó los sellos de clausura. Sin embargo, apenas diez días después, las excavadoras volvieron.

“Fuimos a constatarlo y ahí estaban: las máquinas, el polvo, los camiones de Crío entrando y saliendo. Cuando nos vieron llegar, avisaron, y enseguida llegó la policía municipal junto con personal de la empresa”, relata Federico.

En los videos grabados por los comunitarios se observa a los agentes argumentando que acudían por una supuesta denuncia de robo de alimento y pollos, mientras detrás de ellos continuaban los trabajos.

“El sello estaba ahí, y ellos aplanando piedras. La policía no hizo valer nada; más bien parecía que nos querían intimidar, como si nosotros fuéramos los delincuentes”, añadió.

Hasta el momento, Crío no ha emitido ninguna respuesta pública. Fuentes del INAH confirmaron extraoficialmente que el procedimiento administrativo sigue abierto, aunque no se ha determinado si la empresa detuvo la obra en su totalidad o continúa en otras secciones.

Impactos ambientales y comunitarios

El daño no es solo arqueológico. La zona afectada forma parte de una selva baja caducifolia inundable, con un nivel freático a menos de dos metros, hábitat de aves, reptiles y pequeños mamíferos.

“Son seis hectáreas de selva muerta y un camino nuevo que atraviesa el monte”, lamenta el Consejo.

Cada módulo avícola puede albergar miles de aves y producir toneladas diarias de estiércol. Habitantes temen que los residuos se filtren al subsuelo o se dispersen en potreros cercanos, contaminando el agua y el aire.

Félix Antonio Canul Canul, campesino de Kinchil, asegura que las naves también han invadido tierras familiares. “Tumban el alambre, meten sus máquinas, y el olor ya llega a los apiarios. Las abejas se mueren o se van, y eso nos deja sin miel”, advierte.

“Lo que se perdió ya no se podrá recuperar”

A pocos metros de las ruinas, el Consejo observa los montículos que quedaron. La tierra, mezclada con cascajo y estiércol, guarda los restos de una historia que difícilmente podrá recuperarse.

“Lo que aniquilaron fue lo que se pudo haber aprendido de esas piedras, de esos pozos. Ya se perdió para siempre”, lamenta Federico.

El Consejo Comunitario de Kinchil evalúa presentar nuevas denuncias ante Profepa y Semarnat por los delitos de ecocidio y daño al patrimonio cultural, con el objetivo de que se sancione a la empresa y se repare, en lo posible, lo destruido.

Las y los habitantes insisten en que en este tipo de proyectos no se les consulta, pese a que el territorio que habitan se asienta sobre vestigios mayas y ecosistemas vitales. “No pedimos mucho”, dicen. “Solo que respeten nuestra historia y nuestra tierra”. ( Noticaribe )