El Ministerio de Sanidad ha decidido llevar a los tribunales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a implementar el registro de médicos objetores de conciencia en relación al aborto. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que se iniciarán los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo. García afirmó que Ayuso "tendrá que responder ante los tribunales" por lo que considera una "rebelión" contra la ley. "No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres", lamentó García, quien subrayó que "en este país la ley se cumple". La ministra defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida, y criticó la postura de Ayuso, quien, según ella, se ha puesto "del lado equivocado de la historia". El plazo para que la Comunidad de Madrid creara el registro de objetores venció a medianoche, y García recordó que, al no cumplir con la ley, su departamento procederá con la demanda. "Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización de la ley y esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la comunidad de Madrid", añadió. Por su parte, el Gobierno de Madrid, a través de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reafirmado su negativa a crear el registro. Matute argumentó que en la Comunidad de Madrid se apoya el aborto legal, seguro y poco frecuente, y que no se perseguirá a quienes abortan ni a quienes realizan o no abortos. La consejera insistió en que defenderán la libertad de objeción de conciencia y que prefieren que sea un tribunal el que decida sobre el asunto. Esta decisión de Ayuso representa un nuevo desafío al Gobierno central, que ya había requerido a varias comunidades autónomas, incluida Madrid, que presentaran sus listas de médicos objetores. La ley del aborto de 2023 establece que la objeción de conciencia es un derecho individual que debe ser manifestado por escrito y con antelación. Esta normativa exige la creación de un registro de objetores para garantizar tanto el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo como el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Mientras Aragón y Baleares han comenzado a crear sus registros tras el requerimiento del Ministerio, Madrid se mantiene firme en su postura y espera la decisión judicial sobre el asunto.