El pasado martes 11 de noviembre, el presidente Gustavo Petro anunció que, por orden suya, las Fuerzas Militares habían ejecutado una ofensiva contra las disidencias de las Farc en zona rural de Calamar, Guaviare. En ese momento el mandatario habló de “25 personas neutralizadas”, 19 de ellas muertas; sin embargo, la pregunta sobre si había o no menores de edad no tardó en ponerse sobre la mesa. En la mañana de ayer Medicina Legal confirmó que 7 menores fallecieron.

Sus muertes no solo son una contradicción frente a lo que prometía en campaña, sino que constituyen un aparente error de inteligencia y una violación a los derechos humanos. Al quedar al descubierto la situación, el presidente optó por justificarse. Su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también lo hizo. Y así, en medio de excu

See Full Page