El ex presidente de Perú, Martín Vizcarra, se encuentra en el centro de una grave acusación fiscal que podría llevarlo a cumplir 15 años de prisión. La Fiscalía sostiene que Vizcarra recibió sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en proyectos públicos entre 2013 y 2014.

Las investigaciones del Ministerio Público revelan un entramado de comunicaciones, ajustes contractuales y movimientos de fondos que vinculan a Vizcarra con las constructoras Obrainsa e ICCGSA. Según el Equipo Especial Lava Jato, el exgobernador de Moquegua habría recibido S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua.

El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado una condena de 15 años, desglosada en seis años por el caso Lomas de Ilo y nueve años por el Hospital de Moquegua. La Procuraduría Pública también ha exigido una reparación civil que supera los S/ 4,6 millones, argumentando que el Estado sufrió un perjuicio económico debido al direccionamiento de contratos y ajustes que coincidieron con negociaciones clave.

Las pruebas incluyen testimonios de colaboradores eficaces, actas institucionales y reportes contables. La Fiscalía ha señalado que las reuniones en eventos empresariales y los retiros en efectivo reflejan un patrón similar al del Club de la Construcción, un esquema de corrupción que ha sacudido al país.

El caso Lomas de Ilo se inició el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS solicitó un reajuste a la propuesta económica de Obrainsa. Al día siguiente, Vizcarra contactó al gerente de la firma para coordinar un encuentro donde se habría discutido un pago ilegal. Posteriormente, se registraron llamadas en las que Vizcarra solicitó un “saldo pendiente”, lo que llevó a retiros de S/ 400.000 y S/ 600.000 en efectivo.

En cuanto al Hospital de Moquegua, la Fiscalía sostiene que el proceso comenzó en septiembre de 2013, con un reajuste exprés aprobado el 29 de noviembre de ese año. Las comunicaciones entre los involucrados sugieren que hubo un acuerdo previo para facilitar pagos ilegales.

Las audiencias finales del caso se llevarán a cabo el 20 de noviembre, donde se escuchará la última intervención de Vizcarra. El exmandatario ha rechazado las acusaciones, alegando que los colaboradores eficaces han fabricado versiones falsas para reducir sus propias condenas. La lectura de la sentencia está programada para finales de noviembre, cuando el tribunal decidirá si los elementos presentados constituyen un circuito ilícito de corrupción.