La Comisión de Energía y Minas del Congreso de Perú se prepara para debatir el próximo martes 25 de noviembre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta decisión se produce en medio de protestas de mineros artesanales y la presión de gremios empresariales que se oponen a la medida.

El predictamen, que se discutirá en la sesión, busca extender el proceso de formalización minera y suspender temporalmente los procedimientos de exclusión del REINFO. Además, propone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que será coordinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) junto con el Ministerio de Energía y Minas.

El presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, ha señalado que el proyecto incluye modificaciones respecto a propuestas anteriores, pero mantiene su esencia. La prórroga del REINFO se justifica, según los defensores de la medida, por la necesidad de dar tiempo a los mineros para regularizar su situación y por la falta de atención a miles de procedimientos administrativos pendientes.

Desde la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), se argumenta que la ampliación es crucial, ya que muchos mineros excluidos aún no han recibido respuesta a sus solicitudes. "Iniciamos nuestra jornada de lucha hasta que se amplíe el proceso de formalización", declaró un dirigente de la Confemin, enfatizando la urgencia de la situación.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia. Diversos gremios empresariales han emitido un comunicado en el que advierten que la ampliación del REINFO representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Aseguran que reincorporar a mineros excluidos contradice los compromisos internacionales del país y podría agravar la situación de la minería informal.

El debate sobre la ampliación del REINFO ha sido aplazado en varias ocasiones, lo que refleja la controversia que genera. La última decisión de postergar la discusión se tomó tras las críticas de los gremios empresariales, quienes consideran que la medida podría perpetuar la informalidad en el sector.

El predictamen también incluye la reincorporación de mineros que fueron excluidos, siempre que demuestren actividad minera y cumplan con las obligaciones técnicas y ambientales. Esta reincorporación se realizará bajo criterios que serán establecidos por el Ministerio de Energía y Minas.

La situación es tensa, y el resultado del debate del próximo martes podría tener un impacto significativo en el futuro de la minería artesanal en Perú. La presión de los mineros y la oposición de los gremios empresariales crean un escenario complejo que el Congreso deberá abordar con cautela.