El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha implementado una nueva resolución que obliga a todos los legisladores a restituir los espacios físicos, oficinas, despachos y el mobiliario asignado antes de finalizar su mandato. Esta medida, formalizada el 14 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, busca eliminar la práctica de la "herencia" y la negociación individual de despachos que era común en el pasado. La decisión se produce en el contexto de la inminente renovación parlamentaria programada para el 10 de diciembre. La resolución enfatiza la necesidad de reorganizar la distribución de los espacios conforme a la nueva composición del cuerpo legislativo. El eje central de esta normativa es la rendición de cuentas sobre la administración de los bienes públicos, un principio consagrado en la Constitución Nacional y enmarcado en la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Según el texto, los funcionarios son responsables de garantizar la conservación y devolución de los bienes estatales, independientemente de si han delegado su custodia. La resolución recuerda que el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso de la Cámara, aprobado en 2019, ya establecía que los legisladores son responsables de la custodia y restitución de los bienes recibidos. La falta de devolución afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia institucional. Para asegurar la integridad del patrimonio legislativo, se ha establecido un procedimiento claro. Los legisladores deberán restituir los bienes y espacios asignados hasta el 9 de diciembre del año de finalización de su mandato. Si el cese es por otros motivos, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal. Además, las autoridades de todos los bloques políticos también deberán cumplir con la restitución en la misma fecha límite. La resolución introduce sanciones económicas para quienes no cumplan con la obligación de devolución. En estos casos, se descontará de la última dieta del legislador el valor total de los bienes no restituidos. El texto es claro: "el incumplimiento de la obligación establecida dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos". Si el valor de los bienes no devueltos supera la liquidación final y el legislador no paga la diferencia, se instruirá al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara a iniciar acciones judiciales para recuperar los bienes o su valor equivalente. La resolución también ordena a la Dirección General de Recursos Humanos ejecutar las retenciones necesarias en coordinación con el Departamento de Patrimonio. Se sostiene que los espacios físicos y recursos asignados a los legisladores son un recurso institucional común, cuya distribución debe ser racional y equitativa. La adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones es considerada una obligación esencial de cada funcionario público. La resolución deroga normas anteriores que se opongan a estas disposiciones y establece que la última dieta de los legisladores salientes solo se hará efectiva tras la devolución de los bienes y espacios asignados. Con esta medida, la Cámara de Diputados busca fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, alineándose con los principios republicanos y la ética en la función pública.