El Ministerio de Seguridad Nacional ha presentado una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La denuncia se basa en presuntas amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y se realizó por instrucción de la ministra Patricia Bullrich. La denuncia ha sido radicada ante la justicia federal. El eje de la denuncia se centra en declaraciones de Aguiar en el contexto de un proyecto de ley de reforma laboral que el Gobierno Nacional planea presentar. Durante un reportaje, Aguiar afirmó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras fueron interpretadas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública que podría afectar el ejercicio del mandato popular del presidente. La denuncia sostiene que al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar podría estar promoviendo acciones que encuadran en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas contra el orden constitucional. Bullrich, a través de sus redes sociales, calificó a Aguiar de “desestabilizador y golpista” y el presidente Javier Milei respaldó su mensaje. El documento destaca la gravedad de las declaraciones, especialmente porque provienen de un líder sindical que representa a los trabajadores estatales. Además, se subraya la amplia difusión de sus palabras en medios de comunicación y redes sociales, lo que, según el Ministerio, refuerza el carácter público de la amenaza. Soto argumenta que las expresiones de Aguiar son “altamente reprochables” y que instar a provocar una crisis institucional afecta el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. El funcionario enfatiza que Aguiar está deliberadamente instando a “poner en crisis” al Gobierno, lo que podría afectar el ejercicio del mandato popular del presidente. El Ministerio de Seguridad solicita a la Justicia Federal que se inicie un sumario penal para investigar la posible comisión del delito de amenaza pública. La denuncia se presenta en un contexto de alta tensión política y sindical, marcado por el debate sobre la reforma laboral y la reacción de los gremios estatales. Este conflicto pone de relieve la interpretación de los límites entre la protesta sindical y la protección del orden democrático, un tema que genera controversias en la vida institucional argentina. La denuncia también plantea la responsabilidad de los líderes sindicales en sus manifestaciones públicas y el alcance de las figuras penales que resguardan el funcionamiento de las instituciones. El documento concluye solicitando que la justicia federal actúe conforme a derecho y dé curso a la investigación penal, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación de la conducta denunciada y su posible encuadre en los delitos previstos por la legislación penal argentina.