El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de un decreto que cambia los límites de 39 Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) y propone a la Comisión Europea la modificación de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para anular las restricciones urbanísticas que pesan sobre los municipios afectados por ambos regímenes de protección. Unas limitaciones que según la Junta de Extremadura, les impiden "desarrollarse adecuadamente".

"No pueden construir infraestructuras básicas como un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios", ha explicado al respecto la consejera portavoz, Elena Manzano. El caso más paradigmático es el de Garlitos : el municipio cacereño no puede abrir la residencia de ancianos que terminó

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