BUENOS AIRES (AP) — El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina Diego Spagnuolo comparecía el miércoles ante la justicia para ser interrogado sobre la supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados, que involucraría al círculo más cercano del presidente Javier Milei y a laboratorios locales.

El fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a Spagnuolo y a otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios de la misma dependencia oficial y empresarios de droguerías y empresas proveedoras de medicamentos, imputados de haber conformado un supuesto entramado delictivo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios en medicamentos e insumos críticos.

Para la fiscalía, la maniobra incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos de ANDIS.

La causa judicial se inició a fines de agosto a partir de la difusión en medios locales de audios atribuidos a Spagnuolo —amigo y abogado de Milei antes de asumir la presidencia a fines de 2023— en los que afirma que ejecutivos de la droguería Suizo, abastecedora del Estado, les piden a laboratorios locales un retorno “para la Presidencia”.

“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escucha en uno de los mensajes del exfuncionario sobre la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Tras salir a la luz los audios, el gobierno removió a Spagnuolo y ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. En un comunicado, la administración de Milei no se pronunció sobre los supuestos sobornos, pero apuntó a una “utilización política” del caso por parte de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de octubre.

La hermana del mandatario no está imputada en la causa.

En un escrito presentado la semana pasada por la defensa de Spagnuolo ante los tribunales, se afirma que los audios no son reales y se atribuyen a inteligencia artificial.

Tras disponer allanamientos, el secuestro de documentación y de teléfonos móviles de los involucrados, el fiscal concluyó que Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero…lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.

Si bien el fiscal Picardi había solicitado la detención de Spagnuolo y de otros cinco imputados, el juez federal Sebastián Cassanello sólo ordenó el arresto del empresario de laboratorios Pablo Atchabahian y dispuso la prohibición de salir del país al resto de los presuntos implicados.