El Gobierno argentino ha decidido descontar el día a los empleados públicos que participen en el paro convocado por la Asociación Argentina de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles. Esta medida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un contexto de creciente tensión sindical y política. La administración de Javier Milei está impulsando una reforma laboral que aún no ha sido presentada en detalle.

Se espera que al menos 5.000 personas se movilicen en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada de protesta comenzó con un retiro de los lugares de trabajo a las 11:00, seguido de una concentración frente al ex Ministerio de Trabajo y un acto central que inició a las 13:00. ATE denuncia una pérdida del 32% del poder adquisitivo de los trabajadores públicos en los últimos 23 meses, según sus propios cálculos.

Esta movilización es la primera acción gremial de este tipo tras las elecciones del 26 de octubre y se enmarca en las negociaciones por la reforma laboral que se discutirá pronto en el Congreso. La reforma forma parte de un paquete de cambios que el Gobierno planea implementar en la segunda etapa de su gestión, que incluye también una reforma tributaria, un nuevo Código Penal y la aprobación del Presupuesto.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, ha vinculado la reforma laboral con el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. "La reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos", afirmó Aguiar.

El sindicato de aceiteros también ha advertido que recurrirá a la huelga si el Gobierno avanza contra los derechos laborales. A través de sus redes sociales, Aguiar ha criticado duramente la situación, afirmando que los trabajadores no deben esperar detalles adicionales para comprender el impacto de la reforma: "Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar".

Aguiar también explicó que la movilización hacia el ex Ministerio de Trabajo busca protestar contra los intentos del Gobierno de modificar la estructura de la máxima autoridad laboral. "Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control. La administración pública entró en emergencia salarial. ¡Se deben reabrir las paritarias ya!", enfatizó.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha denunciado ante la Justicia a Rodolfo Aguiar por supuestas amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal N° 2 y se basa en declaraciones de Aguiar sobre provocar una "crisis del gobierno nacional". El sindicalista ha rechazado estas acusaciones.