El Gobierno nacional ha presentado un borrador de la Ley de Libertad Educativa, que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. Este proyecto, que se discute en el Consejo de Mayo, se centra en la educación básica, abarcando los niveles inicial, primario y secundario, sin afectar a las universidades.

Entre las principales propuestas, se incluye la posibilidad de la educación en el hogar, conocida como "home schooling", permitiendo a los estudiantes acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, sin establecer una edad mínima. Además, se contempla la educación híbrida y a distancia como alternativas de enseñanza.

El proyecto también autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Asimismo, se permite a las escuelas diseñar planes de estudio propios, siempre que respeten unos contenidos mínimos comunes.

Una de las características más destacadas es la declaración de la "esencialidad" de la educación básica, lo que implica que, ante cualquier medida de fuerza, se debe garantizar la continuidad mínima del servicio educativo. El borrador, que consta de 136 artículos, enfatiza la "libertad educativa" y el rol primario de la familia en la educación de los hijos, relegando al Estado a un papel subsidiario.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, ha señalado que el proyecto hace hincapié en la "libertad" en 27 ocasiones, superando las menciones al "Estado". El primer capítulo del borrador establece que el sistema educativo nacional es un conjunto de iniciativas promovidas por la sociedad y el Estado, priorizando la libertad de enseñanza y aprendizaje.

El proyecto mantiene la gratuidad de la educación obligatoria desde el nivel inicial hasta el último año de secundaria, y asegura la existencia de contenidos mínimos comunes, conocidos como Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). Sin embargo, se introduce la figura de los planes de estudio "propios", que las escuelas podrán elaborar conforme a su ideario educativo.

En cuanto al calendario escolar, se establece un mínimo de 540 horas anuales para la educación inicial y 720 horas para primaria y secundaria, inferior a lo acordado en 2024 por el Consejo Federal de Educación. Cada escuela podrá establecer su propio calendario, aunque los ministerios provinciales ofrecerán criterios orientativos.

El borrador también menciona la enseñanza de la causa de la recuperación de las Islas Malvinas y establece la autonomía institucional de las escuelas, permitiendo definir su régimen de gobierno, elaborar planes de estudio y gestionar sus recursos.

En el ámbito del financiamiento, se elimina la meta de inversión del 6% del PBI, y se reconoce la responsabilidad compartida entre la Nación y las jurisdicciones. Se prevé que el financiamiento público se dirija tanto a instituciones estatales como privadas, y se introducen asignaciones para familias y alumnos.

El proyecto también mantiene las evaluaciones nacionales, aumentando su frecuencia a anual y censal para el último año de primaria y secundaria, y permite la difusión de resultados desagregados por escuela, algo que actualmente está prohibido. La estabilidad laboral de los docentes estará vinculada al desempeño, con evaluaciones periódicas cada cuatro años.

Este borrador representa un intento significativo de reforma educativa en la última década y se anticipa un amplio debate en el ámbito legislativo y en la sociedad civil.