El Pleno del Senado de la República ha aprobado, con 110 votos a favor, un dictamen que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta nueva legislación incrementa las penas para los delincuentes y para los funcionarios públicos que no actúen contra estas actividades ilícitas. El proyecto también incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con estas modificaciones, los funcionarios que tengan la responsabilidad de prevenir, investigar o perseguir delitos, así como aquellos encargados de la vigilancia en centros penitenciarios, enfrentarán penas de diez a veinte años de prisión si no reportan al Ministerio Público los delitos de extorsión. Además, las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la extorsión se enfrentarán a penas de quince a veinticinco años de prisión, con un incremento adicional de tres a cinco años. Por otro lado, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado también aprobaron cambios al proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados. Este dictamen, que recibió treinta y tres votos a favor, eleva la pena mínima de prisión a quince años y la máxima a veinticinco años, superando los rangos de seis a quince años que se contemplaban en la minuta original. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, destacó el trabajo de la Cámara de Diputados, calificándolo de “excepcional”. Las modificaciones incluyen la obligación de que las autoridades actúen con pleno respeto a los derechos humanos, una disposición que no estaba presente en la versión anterior. Asimismo, se establece que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas en extorsión, y mientras se crean estas unidades, las áreas contra el secuestro asumirán temporalmente la investigación de estos delitos. La ley también prevé sanciones de seis a doce años de prisión para quienes introduzcan dispositivos electrónicos no autorizados en centros penitenciarios. Además, los recursos obtenidos de procedimientos relacionados con delitos de extorsión se destinarán preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas. Estas reformas buscan fortalecer el marco legal en la lucha contra la extorsión y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias severas por sus acciones.