El Congreso ha aprobado una nueva norma que transforma la protección de los derechos de los usuarios de agua potable y alcantarillado. Esta propuesta, que recibió el respaldo unánime de los legisladores, establece que las empresas prestadoras deben devolver lo cobrado y ofrecer compensaciones en caso de interrupciones injustificadas del servicio.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, destacó que esta iniciativa busca cerrar una brecha histórica que ha afectado a millones de hogares. En particular, se enfoca en situaciones donde los cortes de agua ponen en riesgo la salud y la estabilidad económica de las familias. Ugarte enfatizó que “no es aceptable que los usuarios, quienes ya financian a través de sus recibos las pólizas de seguro de las empresas prestadoras, queden sin un resarcimiento justo ante cortes injustificados que afectan su dignidad y su vida cotidiana”.

La nueva norma corrige un vacío legal que había dejado a los usuarios desprotegidos durante años. Ugarte recordó que las pólizas de responsabilidad civil no incluían coberturas por interrupciones del servicio, a pesar de que los ciudadanos asumen ese costo. La legislación se alinea con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ofreciendo una defensa real ante riesgos que comprometen la salud y el bienestar de la población.

La norma establece que, si una empresa es responsable de un corte injustificado, deberá restituir el monto correspondiente al periodo afectado y proporcionar una compensación adicional. Ugarte explicó que esta compensación cubrirá tanto pérdidas materiales como daños no patrimoniales, así como el costo de oportunidad que implica buscar alternativas para acceder al agua. “La compensación es un mecanismo que permite el resarcimiento directo de los usuarios afectados por cortes intempestivos o desbordes de alcantarillado”, añadió.

El mecanismo aprobado se basa en modelos de otros países de la región y en servicios básicos como el suministro eléctrico en Perú. Estas experiencias demuestran que la compensación administrativa es una forma eficaz de cubrir daños concretos y verificables, evitando largos procesos judiciales.

Ugarte también mencionó que la comisión se alineó con el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, lo que garantiza coherencia con la normativa vigente y refuerza la transparencia en la gestión de los servicios básicos. “Se trata de un paso firme hacia una gestión más justa y transparente de los servicios básicos, con un Estado vigilante y comprometido con la protección de los ciudadanos”, concluyó Ugarte.