Una sentencia del Consejo de Estado había obligado al presidente Petro a rectificar sus afirmaciones contra Joseba Grajales, el dueño de Keralty, el conglomerado del que hace parte Sanitas. El alto tribunal había asegurado que los señalamientos que había hecho contra el empresario estaban en contra de sus “derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación".

El fallo entrañaba un duro regaño a los excesos del poder presidencial. Allí se dijo que la “expresión de opiniones, máxime cuando provienen de autoridades en cumplimiento de funciones, debe estar soportada con una mínima carga de diligencia, que permita constatar la veracidad de los hechos en que se fundan”.

Y, además, el alto tribunal dejó unas reglas muy claras sobre lo que deben s

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