Contenido: El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. La condena incluye dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. Esta decisión se produce una semana después de concluir el juicio, que ha sido el primero en la historia en el que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. La resolución fue adoptada por cinco de los siete magistrados del tribunal, aunque aún no se ha redactado oficialmente. El presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, será el encargado de elaborar el texto final. García Ortiz tiene varias opciones para recurrir la sentencia. Aunque no puede apelar dentro del Tribunal Supremo, puede presentar un incidente de nulidad, que es un procedimiento excepcional para impugnar una sentencia firme. Sin embargo, esta vía no suele tener éxito. Si se le niega, podría solicitar amparo al Tribunal Constitucional, donde podría pedir la suspensión de la ejecución de la pena. Para acudir al Tribunal Constitucional, García Ortiz debe esperar a recibir la resolución firmada por los magistrados y la respuesta al incidente de nulidad. En este tribunal, hay una mayoría progresista, pero el tiempo de respuesta podría no ser favorable para él, ya que es probable que la pena se ejecute antes de que se decida sobre su recurso. Otra opción sería llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero para ello tendría que agotar todos los recursos judiciales en España y hacerlo en un plazo de cuatro meses desde la notificación de la resolución definitiva. A pesar de la condena, García Ortiz no está obligado a dejar su cargo de inmediato, ya que la sentencia solo surtirá efecto tras su notificación formal. Sin embargo, una vez redactada, deberá ser ejecutada, lo que lo inhabilitará para el cargo. El Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que iniciará los trámites para nombrar un nuevo fiscal general. Aunque el Gobierno respeta el fallo, ha manifestado que no lo comparte, defendiendo la inocencia de García Ortiz. La situación de García Ortiz también plantea dudas sobre su estatus como fiscal, ya que el Reglamento de la Fiscalía establece varias causas por las cuales se puede perder esta condición. La condena marca un precedente en el sistema judicial español, siendo la primera vez que un fiscal general es condenado y se enfrenta a la inhabilitación.