BELÉM, Brasil (AP) — Zaqueu Belém Araújo corta una hoja de un árbol de açaí y con destreza la dobla y la retuerce para atar un extremo con el otro y formar un anillo resistente. Se quita las sandalias, introduce los pies descalzos en el anillo de palma y trepa rápidamente por el tronco del árbol para alcanzar una rama de la preciada fruta.

Es así como se ha cosechado la baya de açaí durante generaciones en los quilombos brasileños —comunidades formadas por descendientes de esclavos fugitivos—. La técnica, que es mínimamente invasiva, no daña los árboles y ayuda a preservar los bosques de la Amazonía.

“Entendemos que mantener vivo el bosque también nos mantiene vivos”, dijo Erica Monteiro, una de las aproximadamente 500 residentes de Itacoa Miri, una comunidad de calles sin pavimentar a unos 40 minutos en embarcación desde la extensa ciudad de Belém, donde se celebran las negociaciones climáticas de la ONU.

Durante la conferencia sobre el clima, que comenzó a principios de este mes y concluirá el viernes, tanto habitantes de los quilombos como pueblos indígenas han presionado al gobierno para que emita más títulos de propiedad, que consideran fundamentales para defender sus derechos y proteger los ecosistemas donde viven.

Mientras su madre muele las bayas de açaí recién cosechadas de la palmera, Monteiro explica que esta fruta es primordial en los quilombos. Es una fuente importante de alimento y, al preservar las técnicas tradicionales de cosecha y producción, protegen el frondoso bosque que rodea sus comunidades.

“Nuestra vida es esta lucha por garantizar que el bosque siga vivo. A veces el precio que pagamos es muy alto”, agregó.

Monteiro, coordinadora de Malungu —una asociación de quilombos en el estado de Pará— es una de las líderes afrodescendientes más destacadas de la región. Su lucha por proteger sus tierras de la tala ilegal y la invasión para ranchos ganaderos y el cultivo de soya ha significado llamadas telefónicas amenazantes, intentos de extorsión e intimidación.

Es por eso que su comunidad luchó durante años para lograr lo que pocos afrodescendientes en Brasil consiguen: obtener un documento que reconozca la propiedad de sus tierras.

Existen casi 2.500 quilombos en la Amazonía brasileña, pero sólo 632 han sido oficialmente mapeados por instituciones del gobierno federal, según un estudio reciente de la Coordinación Nacional de Comunidades Negras Rurales, una asociación de comunidades quilombolas.

“Si no se puede demostrar que la tierra pertenece a la comunidad, las empresas agropecuarias terminan lo que en Brasil llamamos ‘grelhando’ (asando), que significa falsificar documentos a su favor”, dijo Monteiro.

A través de Malungu, Monteiro ayuda a otros quilombos en el largo y costoso proceso para obtener títulos de propiedad para que otros puedan beneficiarse como ellos lo hicieron hace más de 20 años, cuando obtuvieron los suyos.

Desde entonces, su comunidad ha recibido financiamiento filantrópico de la Fundación Ford y la Climate and Land Use Alliance (Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra, o CLUA), de la cual The Associated Press recibe fondos para su periodismo climático. El apoyo es evidente en Itacoa Miri: cuentan con un centro de salud y una escuela, además de electricidad y agua corriente.

La situación es muy diferente en el quilombo de Menino Jesus, no lejos de Itacoa Miri. Recibieron sus títulos de propiedad apenas en noviembre del año pasado, y correspondían a menos de la mitad del territorio que reclamaban, según Fabio Nogueira, un residente local.

A unos 500 metros (550 yardas) de su humilde casa de ladrillo, una empresa llamada Revita ha intentado instalar un vertedero que, según Nogueira, amenaza con contaminar los acuíferos de la zona, de los cuales ellos dependen para la pesca y su vida diaria. Revita no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaron comentarios, y no hubo respuesta en el número de teléfono registrado para su sede.

“Tememos que tanto los manantiales allí (donde se planea construir el vertedero) como el agua de nuestros pozos se contaminen con los líquidos residuales producidos por los desechos”, dijo Nogueira, vicepresidente de la asociación territorial de Menino Jesus.

Él y su comunidad llevan años de luchar contra el vertedero, y han expuesto que nunca fueron consultados. La Defensoría Pública presentó una demanda en su nombre ante el Tribunal de Justicia del Estado, pero no ha sido admitida hasta el momento.

“Nos sentimos impotentes”, expresó. “Tememos que no podremos sobrevivir aquí debido al hedor y la contaminación que vendrán después”.

La comunidad de Menino Jesus exige la titularidad de las 2.160 hectáreas (aproximadamente 5.340 acres) de terreno que afirman que han pertenecido a sus habitantes durante generaciones. Hasta ahora, sólo se les han reconocido 640 hectáreas (aproximadamente 1.580 acres).

“Un título definitivo nos da la seguridad legal de que esta tierra pertenece a la comunidad y que otras personas no pueden tomar posesión de ella”, añadió Nogueira.

Él cree que, si estos territorios son reconocidos oficialmente, los bosques de castaños y açaí se conservarán.

Es por eso que Monteiro, de la comunidad de Itacoa Miri, recalca que el gobierno brasileño debe prestar atención a las comunidades afrodescendientes y reconocer la propiedad de todos los quilombos en Brasil.

Agrega que comunidades como la suya también deberían recibir compensación —tanto de Brasil como de otros países— para preservar el bosque. Uno de los anuncios más importantes de la COP30, que finaliza esta semana, ha sido la creación de un fondo para financiar la conservación de los árboles. Monteiro expresa que se muestra escéptica, ya que otros fondos para la protección de los bosques no han llegado a su comunidad.

“Estamos haciendo lo que el mundo debería estar haciendo, que es preservar el bosque”, dijo Monteiro. “Y estamos pagando un precio muy alto que muchos países no quieren pagar”.

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Teresa de Miguel está en X como @tdemigueles

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