La reciente decisión del gobierno peruano de aplicar pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignado al penal de Lurigancho ha generado debate acerca de la eficacia, alcances y limitaciones de este tipo de exámenes. La medida, contemplada dentro del estado de emergencia en Lima y Callao , busca fortalecer los mecanismos de control y confiabilidad en instituciones ligadas a la seguridad pública.

La disposición, formalizada mediante el Decreto Supremo 27-PCM, no solo alcanza al personal del Inpe, sino también a funcionarios y servidores públicos que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ( Conasec ) considere pertinentes. La finalidad principal es dotar al Estado de herramientas adicionales para enfrentar la creciente criminalidad y la c

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