El reciente rechazo del Congreso peruano a inhabilitar a Betssy Chávez ha reavivado el debate sobre la participación de figuras implicadas en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. A medida que se acercan las Elecciones 2026, el politólogo Fernando Tuesta analiza el futuro político y legal de Pedro Castillo y su exjefa de Gabinete. El pasado 19 de noviembre, el Pleno del Congreso decidió no inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años para ejercer funciones públicas. Esta decisión también afecta al expresidente Pedro Castillo, quien está implicado en el mismo caso. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó que para que Chávez y Castillo no puedan participar en las elecciones, el Parlamento debe inhabilitarlos o el Poder Judicial debe emitir una sentencia en primera instancia por el intento de golpe de Estado. "Hay dos razones por las que no podrían candidatear. En la primera, si hay una sentencia en primera instancia en cualquiera de los casos o una inhabilitación de parte del Congreso. Esas dos situaciones, si se presentan, no podrán ser inscritos como candidatos designados de cualquiera de los partidos que por ahí están alrededor", indicó Tuesta. El exjefe de la ONPE también advirtió que, aunque Chávez y Castillo sean inscritos en algún partido político, no podrán participar en los comicios si el Poder Judicial emite una sentencia en su contra en los próximos meses. "Es un riesgo para los partidos que están en el Congreso si eso no sucede porque -evidentemente- hemos visto que están mirando un poco cuál sería el panorama si, por ejemplo, participa Pedro Castillo. Es un competidor indudablemente de temor para muchas organizaciones. Yo creo que la inhabilitación es una decisión política. Llama la atención que hasta ahora no haya ocurrido", agregó. En otro contexto, Betssy Chávez se encuentra asilada en la Residencia de la Embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre. Esta situación llevó al canciller Hugo de Zela a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con México. Chávez ha solicitado un salvoconducto para viajar a México, pero el Gobierno peruano ha decidido demorar la consideración de este documento para consultar a otros países de la OEA sobre la Convención de Caracas. "Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención se adecúa a la realidad de hoy", explicó Hugo de Zela en una entrevista. El Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión para Betssy Chávez, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos, acusándola de ser presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado por el intento de golpe de Estado.