El expresidente peruano Martín Vizcarra se prepara para un segundo juicio oral, esta vez por presunta colusión simple en los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. El Poder Judicial ha tomado esta decisión tras concluir el control de acusación, donde se evaluaron las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del exmandatario. El juez Víctor Alcocer, encargado del caso, anunció que se emitirá el auto de enjuiciamiento, que será notificado electrónicamente a las partes involucradas. La Fiscalía provincial, liderada por Germán Juárez, solicita una pena de 10 años de prisión para Vizcarra, acusándolo de haber concertado con directivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA para defraudar al Estado en la adjudicación de las obras. Este nuevo juicio se suma a la acusación por cohecho, que se encuentra en su fase final. La lectura de sentencia de este caso está programada para el miércoles 26 de noviembre, donde se determinará si Vizcarra será condenado a 15 años de prisión, como exige el Equipo Especial Lava Jato. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles en sobornos relacionados con la adjudicación de las obras mencionadas. Desde septiembre, se había anticipado que el expresidente enfrentaría este segundo juicio, luego de que el Poder Judicial rechazara su último recurso para archivar la acusación por colusión simple. El juez Alcocer consideró que existen elementos suficientes que permiten sostener la hipótesis de la participación de Vizcarra en la presunta concertación para la adjudicación de la obra Lomas de Ilo. Durante el control de acusación, el juez desestimó tres excepciones presentadas por la defensa de Vizcarra, que buscaban archivar la acusación por colusión. El abogado del exmandatario, Erwin Siccha, confirmó que aún están pendientes las apelaciones a las excepciones rechazadas, que se resolverán en segunda instancia. Con este nuevo juicio en el horizonte, Martín Vizcarra se enfrenta a un futuro incierto en el ámbito judicial, mientras la atención pública se centra en el desenlace de ambos casos de corrupción.