El Gobierno nacional ha decidido no solicitar la prórroga de las emergencias que le permitieron llevar a cabo una desregulación significativa en los últimos años. La última facultad habilitada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 caduca el 31 de diciembre de 2023. En lugar de insistir en la continuidad de estas emergencias, la administración de Javier Milei confía en su nueva fuerza parlamentaria para sostener su agenda de reformas durante 2026.

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha utilizado las emergencias para modificar o eliminar más de 1.300 normas y más de 10.000 artículos, lo que ha sido fundamental para su estrategia de desregulación. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024, cualquier reforma normativa deberá ser aprobada por el Congreso. A pesar de este cambio, el oficialismo cree que el nuevo equilibrio parlamentario le permitirá avanzar sin depender de una nueva declaración de emergencia.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) alcanzará los 91 diputados gracias al traspaso de legisladores de La Liga del Interior, conocidos como los “radicales con peluca”. Con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo estima que tendrá los votos necesarios para bloquear cualquier intento de rechazo a los decretos si fuera necesario utilizarlos nuevamente. Un funcionario del Gobierno afirmó: “Tenemos los decretos si hacen falta”, subrayando que no se planea renunciar a esta herramienta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha instalado un contador regresivo en su despacho que marca el tiempo restante hasta el 31 de diciembre. Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, su ministerio ha modificado o eliminado 1.384 normas, de las cuales solo 78 han sido restituidas por el Congreso. En cuanto a los artículos, se han cambiado 10.038, con apenas 426 revertidos.

El proyecto de Presupuesto 2026 que se ha enviado al Congreso no incluye solicitudes de emergencia pública ni facultades delegadas. Fuentes de la Casa Rosada han indicado que cualquier solicitud futura dependerá de la evolución de la situación económica y social. Sin embargo, el oficialismo asegura que los primeros meses de 2026 serán cruciales para aprobar un nuevo paquete de reformas, que incluye cambios en las áreas laboral, penal, impositiva y educativa.

El Gobierno confía en que la oposición, especialmente el kirchnerismo, no podrá bloquear lo que consideran una corrección necesaria del modelo estatista heredado. La estrategia libertaria se basa en la percepción de que el kirchnerismo ha perdido capacidad de veto y cohesión interna, lo que podría facilitar la aprobación de sus reformas en el nuevo contexto legislativo.