La inseguridad alimentaria y la inseguridad ciudadana suelen discutirse como problemas separados, pero en países como el Perú ambas se retroalimentan, creando un círculo vicioso que deteriora la cohesión social y limita las posibilidades reales de ejercer derechos. Para comprender esa relación, conviene mirar experiencias externas como las de Haití y México , que muestran con crudeza cómo la violencia altera, encarece o incluso paraliza los sistemas alimentarios.

En Haití, el control territorial que ejercen grupos armados sobre casi el 90 % de Puerto Príncipe ha restringido el movimiento de personas, el acceso a los mercados y el transporte de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos advierte que 5.7 millones de personas, el 51 % de la población total, sufren actualmente

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