Madrid. El Consejo de Ministros ha iniciado el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Esta decisión se produce tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo.

Teresa Peramato, nacida en Salamanca en 1962, es una fiscal de carrera con 35 años de experiencia. Actualmente, ocupa el cargo de fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su trayectoria la convierte en una de las expertas más reconocidas en la lucha contra la violencia de género.

El artículo 124.2 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, y con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Ley 50/1981 también estipula que el nombramiento debe recaer en juristas de prestigio con más de quince años de ejercicio, condición que Peramato cumple.

El proceso de nombramiento comenzará con la aprobación de la propuesta en el Consejo de Ministros. Posteriormente, el CGPJ emitirá un informe no vinculante. Luego, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que se evalúen sus méritos.

Una vez completados estos trámites, el Gobierno procederá a su nombramiento definitivo. El mandato del fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años, con la posibilidad de cese anticipado bajo ciertas condiciones.

Peramato ha sido una figura clave en la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. En 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.

En una entrevista reciente, Peramato destacó la necesidad de cambiar mentalidades para abordar la violencia de género, describiéndola como "una violencia estructural, enraizada en una estructura absolutamente patriarcal". Su nombramiento se considera un paso hacia la continuidad en la política de justicia del Gobierno actual.