El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido prorrogar un servicio de asistencia psicológica dirigido a jóvenes, gestionado por Eulen Servicios Sociosanitarios. Este contrato, que se extiende hasta noviembre de 2026, tiene un valor de 540.695 euros y fue formalizado el 17 de noviembre. El servicio, que es gratuito, se lanzó en marzo de 2023 y está disponible a través del teléfono 900 143 000, así como por WhatsApp y correo electrónico.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha señalado que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia ha impactado de manera significativa en la juventud. "La situación ha obligado a reacomodar todos los ámbitos vitales de la sociedad, especialmente para las familias y la población joven", explicaron desde la Consejería. Este servicio está destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años, quienes enfrentan un futuro laboral incierto y la pérdida de relaciones sociales, lo que puede llevar a un aumento de adicciones y problemas de salud mental.

El Gobierno regional considera que una parte importante de la población joven se encuentra en una situación de vulnerabilidad psicológica. Por ello, se ha priorizado la necesidad de ofrecer asistencia de calidad, inmediata y confidencial. Eulen ha estado a cargo de este servicio desde su inicio, tras ganar un primer contrato de siete meses que abarcó desde febrero hasta agosto de 2023. Posteriormente, se prorrogó hasta agosto de 2024.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la Comunidad de Madrid se vio obligada a prorrogar nuevamente el servicio debido a problemas en la adjudicación de un nuevo contrato. La empresa Anima Serenitas presentó un recurso que suspendió el procedimiento de licitación, lo que llevó al Gobierno a seguir pagando a Eulen para evitar la interrupción del servicio, desembolsando 280.000 euros en el proceso.

Diana Paredes, diputada de Más Madrid, ha solicitado toda la documentación relacionada con esta prórroga forzosa. Según Paredes, el interventor general de la Comunidad de Madrid expresó reparos sobre la convalidación del gasto, señalando defectos en el expediente y la falta de fiscalización previa. En su informe, el interventor advirtió que las obligaciones económicas se contrajeron sin la debida autorización, lo que podría constituir una infracción en la gestión económico-presupuestaria, según la Ley 19/2013.