Por Itzel Chan
Fotos: Rodrigo Guzmán

M ÉRIDA, MX.— El asesinato de Joel Lisandro C., adolescente de 15 años originario de Tekax, ha sacudido profundamente a la sociedad yucateca. Su muerte violenta en un restaurante de Tulum el pasado 8 de noviembre desató indignación, dolor y una exigencia colectiva para frenar la vulnerabilidad de jóvenes y trabajadores que se desplazan hacia Quintana Roo.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lamentó públicamente el crimen, expresó condolencias y aseguró que la familia recibirá acompañamiento institucional. Además, instruyó “coordinación total” con las autoridades quintanarroenses para garantizar una investigación “seria, profesional y a fondo”, reiterando que el caso no quedará impune.

Mientras tanto, en Tekax, familiares, amigos y vecinos despidieron al joven durante su sepelio, donde exigieron justicia, verdad y protección para niñas, niños y adolescentes de la región.

Detenidos en Quintana Roo: dos hombres vinculados a proceso

La Fiscalía de Quintana Roo informó que Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” fueron detenidos el 11 de noviembre y posteriormente vinculados a proceso por homicidio calificado y narcomenudeo. Permanecerán en prisión preventiva por dos años mientras se desahogan pruebas.

Ambos también están relacionados con otro homicidio ocurrido el 30 de octubre en Akumal. En la detención se aseguraron drogas y tres armas de fuego, una de ellas relacionada balísticamente con el arma utilizada contra el adolescente.

Las autoridades señalan que el crimen habría ocurrido en un contexto de disputa territorial por venta de drogas.

Temor en Yucatán: ¿reclutamiento ilegal de menores?

El legislador Bayardo Ojeda Marrufo solicitó investigar si este caso podría estar vinculado con esquemas de reclutamiento ilegal de adolescentes por parte de redes delictivas que operan en la península, una preocupación que organizaciones civiles ya habían alertado desde hace años.

Las expresiones de miedo y conmoción que hoy se observan en Yucatán no surgieron de la nada. Desde 2021, trabajadores de la construcción ya advertían que Quintana Roo, especialmente Cancún, se convirtió en una zona de alto riesgo para quienes migraban temporalmente a laborar en grandes obras.

De acuerdo con el Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción de Yucatán, en ese periodo se registraron casos de trabajadores que fueron desaparecidos, asesinados, torturados o involucrados en hechos delictivos, debido al avance del crimen organizado dentro y fuera de los centros de trabajo.

“El trabajador que se iba a la zona de Quintana Roo ya no lo hace… allá se está dando una situación de inseguridad muy palpable, incluso en las obras de construcción”, señaló entonces Bernabé Chan Castañeda, secretario general del sindicato.

Recordó que durante años migrar a Cancún era una vía segura para mejorar ingresos, pero la violencia cambió ese panorama: aun con mejores sueldos, el riesgo era demasiado alto.

Obreros, entre las principales víctimas

Datos de la Fiscalía de Quintana Roo reportaban que, en homicidios relacionados con el crimen organizado, 80% de víctimas y victimarios provenían de otros estados, y muchos pertenecían al sector de la construcción, uno de los más expuestos a reclutamiento, extorsión y ataques.

Aun así, alrededor de 12 mil trabajadores yucatecos habían migrado en distintos momentos a Cancún para laborar, principalmente en hoteles y desarrollos turísticos.

La violencia llevó a que, en el último año y medio previo a 2021, los obreros optaran por ya no migrar. La pandemia aceleró su regreso definitivo a Yucatán, donde la iniciativa privada mantuvo activa la industria de la construcción.

Un contexto de riesgo que conecta con el presente

Aunque la información tiene cuatro años, la situación descrita entonces se conecta con las preocupaciones actuales: Yucatán y Quintana Roo comparten una frontera laboral, social y económica, pero también comparten riesgos crecientes para jóvenes y trabajadores expuestos a grupos criminales.

Hoy, el asesinato de Joel Lisandro reaviva esas alertas y pone sobre la mesa la necesidad de una coordinación más estrecha para prevenir desapariciones, explotación y reclutamiento forzado. ( Noticaribe )