El apoyo social al reconocimiento de la violencia de género

La Ley integral contra la violencia de género (LIVG) fue aprobada en 2004 con el apoyo de todo el arco parlamentario.  Esta imagen de consenso hoy resulta impensable, pero entonces ponía de manifiesto el reconocimiento de un problema grave y persistente que en su versión más extrema acaba aún hoy con la vida de mujeres a manos de sus parejas o exparejas con una frecuencia semanal.

En estos años de vida, la ley ha sido criticada por muchas razones. Por un lado, ha sido acusada de insuficiencia o ineficacia, al no haber resuelto el problema de la violencia machista, y no proporcionar ayudas a todas las mujeres que las necesitarían para librarse de ella. Por otro lado, se ha llegado a decir que la ley penaliza injustamente a los hombres, pone en riesgo presunción de inocencia, o promueve las denuncias falsas. Muchas de estas críticas se pueden contestar rápidamente de manera solvente (por ejemplo aquí). Es curioso por ejemplo que el argumento de las denuncias falsas se sustente sobre la base del número significativo de casos que terminan en absolución, que se dan justamente porque opera la presunción de inocencia, y olvidando que la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Vamos, que se acusa a ley a la vez de no haber sido suficiente, y de haber ido demasiado lejos, con críticas que entran en contradicción unas con otras. 

La cuestión es que parece que hemos girado de un paisaje de apoyo relativamente generalizado, a uno en el cual la ley se cuestiona con relativa dureza. La lucha contra la violencia machista es además instrumentalizada por un partido político de cuyo nombre no logro acordarme que decía que “la violencia no tiene género”. Lo que me interesa analizar aquí si las percepciones de la ciudadanía se han movido de manera paralela a este cambio en el escenario político hacia posiciones más polarizadas y constreñidas por factores como la ideología o la simpatía partidista.

Con este fin podemos comparar datos de opinión pública recogidos en 2018 (septiembre, N=3.031) y 2022 (marzo, N=2.904) por el grupo de investigación DEC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos gustaría tener datos cercanos al año aprobación que se hubieran replicado con la misma formulación recientemente, pero lo que tenemos disponible se refiere a estos dos momentos, eso sí, separados por un elemento crucial que es la entrada de Vox en las instituciones y en el debate sobre esta cuestión.

En la formulación de la pregunta, que como sabemos puede condicionar fuertemente la distribución de la respuesta, hemos querido reflejar el debate social. Este a menudo se plantea en el contexto español en términos que oponen el reconocimiento de la violencia de género bien como un instrumento de protección de las mujeres contra la violencia que sobre ellas ejerzan parejas y exparejas, o bien como un agravante penal que perjudica a los hombres. Ofreciendo estos dos enunciados pretendemos reflejar interpretaciones social y mediáticamente visibles para captar las posiciones de la gente en relación con estos debates. Para ello pedimos a los encuestados que elijan con cuál de esas dos visiones están más de acuerdo, y posteriormente, que indiquen la intensidad de dicho acuerdo (un poco, bastante, o mucho).

Observamos así que, según muestra la Figura 1, en 2018 nada menos que el 80% de los encuestados está de acuerdo con que el reconocimiento de la violencia de género protege a las mujeres (el 40% apoya esta afirmación con la máxima intensidad). En 2022 el acuerdo con esta afirmación apenas había descendido 4 puntos porcentuales. Se mantiene por encima del 75%, eso si, con una intensidad más matizada (el 40% se ha trasladado al nivel de acuerdo más bajo). El cambio se ha producido, por lo tanto, en la intensidad, más que en la visión de los ciudadanos, que en 2022 tienen más dudas que en 2018. Al menos hasta 2022, no se aprecia un cambio hacia una distribución polarizada bi-modal sobre la cuestión.

Si observamos como varían las posiciones en función del sexo, la edad, el nivel de estudios, la ideología y la simpatía partidista de los encuestados, la situación ha cambiado notablemente. Como acabamos de ver, en 2018 la percepción de la ley como medida de protección era amplísima, pero estaba fuertemente condicionada por factores como el sexo y especialmente por la ideología: las mujeres, y las personas de izquierdas mostraban una fuerte percepción de la ley como protectora. Los hombres y las personas que se situaban ideológicamente a la derecha también la percibían así mayoritariamente, pero en menor medida.

En 2022 las diferencias por sexo e ideología se atenúan mucho, y el efecto de la simpatía partidista se ha organizado de manera más coherente que en 2018. Aparece claramente el apoyo a Vox como el predictor más importante. La simpatía con este partido reduce significativamente la visión de la ley como protectora. Son los simpatizantes de Vox los únicos que consideran en promedio que el reconocimiento de la violencia de género perjudica a los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, la aparición de Vox como elemento constreñidor de estas actitudes ha conseguido que la visión de la ley como protectora sea incluso más transversal de lo que lo era en 2018.

No es que la opinión pública sea inmune a los debates políticos y mediáticos, ciertamente, y no puede decirse que la LIVG esté exenta de limitaciones que pueden generar dudas. La persistencia e incluso el incremento de algunos indicadores de violencia lo atestigua. Pero sí parece que, en todo caso, la ciudadanía valora de forma mayoritaria y transversal el reconocimiento de la violencia de género como algo que protege a las mujeres, incluso en un contexto en el que los partidos muestran niveles crecientes de polarización sobre la cuestión. Esta valoración era en 2022 relativamente independiente del sexo, la edad, y el nivel de estudios y estaba relativamente poco condicionados por la ideología y las preferencias partidistas, con la excepción de la simpatía por Vox.  

Además de poner de manifiesto el apoyo social al reconocimiento de la violencia de género, estos datos también dan cuenta de la dificultad de establecer relaciones directas entre la polarización de los debates político-mediáticos, y la de las actitudes de los ciudadanos. No todo lo que parece muy polarizado lo está.