Escribo este artículo porque se quiere aprobar en el Congreso —a espaldas del debate público— una medida que constituye, directamente, una aberración moral, jurídica y democrática, y que afecta a la dignidad y a los derechos de millones de españoles. Esto es lo que promueve hoy la extrema izquierda en España: subsidios pagados con nuestros impuestos para delincuentes: agresores sexuales, depravados pederastas, violadores, yihadistas, traficantes, ladrones y asesinos. Considero que es deber de cualquier ciudadano y, más aún siendo jurista, denunciarlo de manera contundente.

El Congreso de los Diputados vuelve a demostrar hasta qué punto una parte del poder político ha renunciado a defender el Estado de derecho. Sumar y el PSOE impulsan ahora un subsidio público para presos recién excarcela

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