La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que “la acumulación de las distintas ayudas disponibles” en los últimos años para el autoconsumo eléctrico “podría haber dado lugar a situaciones de sobrecompensación, llegando a cubrir, en algunos casos, más del 90% del coste de las instalaciones para un hogar”. El organismo recomienda simplificar la tramitación de estas ayudas, de las que el grueso ha desaparecido ya, al agotarse los fondos del Plan de Recuperación para esta tecnología.

Cerrada ya la ventanilla para los más de 2.000 millones en subvenciones al autoconsumo del Plan de Recuperación (aunque todavía hay incentivos ya asignados y pendientes de cobrarse), el organismo que preside Cani Fernández ha publicado este miércoles una evaluación sobre el impacto de las ayudas públicas a esta solución energética. En ella analiza los distintos apoyos que pueden solicitar los usuarios particulares y las empresas y formula varias recomendaciones.

Entre ellas, propone una ventanilla única digital para simplificar las ayudas y aboga por definirlas en cuantías fijas vinculadas a objetivos concretos y por incentivar el almacenamiento. Además de los fondos europeos, en los últimos años distintas administraciones han aprobado bonificaciones locales en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE), además de deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.

El organismo señala que la “coexistencia” de numerosos incentivos gestionados por administraciones distintas “genera trámites complejos”, especialmente para los beneficiarios con menos recursos. “Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia”, señala.

Así, reclama “establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos” o “priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema (como almacenamiento u otros), para evitar distorsiones innecesarias”.

El organismo subraya que esta solución ha tenido “un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años y ha impulsado la competencia en el sector eléctrico”. Cifra la potencia instalada en 5,4 gigavatios (GW), basándose en la información de Red Eléctrica, que a junio de 2025 contabilizaba 696.000 instalaciones capaces de cubrir el 5% de la demanda eléctrica. La patronal UNEF eleva la potencia instalada a cerca de 8,2 GW. El gran boom llegó en 2022, en plena crisis energética por la invasión de Ucrania, aunque el ritmo de instalación ha caído en picado a medida que los precios de la luz se han normalizado.

La CNMC explica que la implantación de estas instalaciones “es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares” en un país que, recuerda, “es el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población viviendo en edificaciones donde conviven varios hogares: en 2024, el 65,3% vivía en pisos o apartamentos. Por tanto, España es uno de los países donde el autoconsumo colectivo puede ofrecer mayores oportunidades y potencial para los hogares”.

El estudio explora la distribución geográfica y social de las ayudas concedidas, constatando por ejemplo que las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) asociadas al autoconsumo que han aprobado en los últimos años “tienen una fuerte correlación positiva con el nivel de renta de los municipios, debido a que dicho impuesto se basa en el valor catastral de los inmuebles”.

Esto, además de poder tener implicaciones distributivas y reducir la eficiencia en el uso de los recursos públicos, puede afectar a la dinámica competitiva por influir sobre la posición competitiva de las empresas, tanto energéticas como de otros mercados, ubicadas en municipios distintos“.

La CNMC ha constatado también que “la tramitación administrativa de las subvenciones ha sido compleja y se ha demorado bastante en el tiempo por el elevado número de solicitudes, lo cual puede crear costes y barreras de acceso a las ayudas que pueden perjudicar particularmente a los potenciales solicitantes con menores recursos para afrontarlas y, así, impactar sobre la dinámica competitiva”.

Por ello, reclama “acelerar el acceso a las ayudas, a fin de evitar distorsiones competitivas asociadas a la existencia de diferencias en recursos o capacidad financiera de los solicitantes. Se recomienda agilizar la tramitación administrativa de las ayudas para acortar sus plazos”.