La presidenta de la Autoridad Fiscal ha puesto en duda que realice el análisis antes del 1 de junio de 2026, mientras el Gobierno advierte de que la Abogacía del Estado ha resuelto que es una obligación legal

El Gobierno encarga un examen adicional al sistema de pensiones en 2026 empujado por la AIReF y Bruselas

La tensión entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Gobierno central, que viene marcando desde hace meses las intervenciones de su actual presidenta, Cristina Herrero, ha anotado un importante episodio. La bronca ha escalado a la vía de los hechos: Herrero ha puesto en duda que la AIReF cumpla con el encargo de la Seguridad Social de un análisis adicional del sistema de pensiones antes del 1 de junio de 2026, aprobado por un decreto el pasado verano y previsto con la Comisión Europea. En el Ministerio de la Seguridad Social son tajantes: el informe no es voluntario y “la fecha de vencimiento sigue siendo junio de 2026”.

“Nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas”, deslizó la presidenta de la AIReF en su comparecencia la semana pasada en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.

El análisis en cuestión es de seguimiento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones tras las últimas reformas de 2021 y 2023, un año después del primer dictamen de la AIReF que concluyó que se cumplía la nueva regla de gasto pactada con Bruselas y que, por tanto, no obligaba a hacer reformas correctivas. No obstante, la presidenta criticó con dureza esta regla de gasto, que el Congreso respaldó por amplia mayoría, porque, en su opinión, “no es un indicador de sostenibilidad”.

Empujado por la Comisión Europea, el pasado verano el Ministerio de la Seguridad Social ordenó por decreto a la AIReF realizar este examen adicional el próximo ejercicio, en lugar de esperar los tres años previstos en la ley. El “informe adicional” tiene que estar listo “antes del 1 de junio de 2026”, indica el decreto, aunque ahora la presidenta de la AIReF lo pone en duda. No la realización del estudio en sí mismo, pero sí de los términos en que se hará: tanto su metodología como la fecha de entrega, ambas cuestiones muy relevantes y que están reguladas en este real decreto.

“AIReF elaborará un plan de acción donde dirá cuándo puede hacerlo y cuál es la metodología”, afirmó Cristina Herrero en el Pacto de Toledo. La economista sostuvo que el organismo público está “evaluando materias tan importantes como los recursos humanos en Sanidad” y “los sistemas universitarios”.

“No puedo ahora porque hay un decreto del Gobierno decir a las comunidades autónomas que ya tienen un plan de acción aprobado y que ya han hecho desembolsos, que tengo que atender al Estado”, argumentó la presidenta de la AIReF, que en marzo agota su mandato de seis años (no prorrogable).

Una batalla que no ha existido en otros encargos por ley

Herrero ampara su negativa a cumplir con el decreto del Gobierno sobre esta nueva evaluación en materia de pensiones en que, asegura, este no cumple con la ley que regula el organismo fiscalizador de las cuentas públicas.

La Ley Orgánica de la AIReF prevé que la entidad realice 'informes', 'opiniones' y 'estudios'. Los 'informes' los enumera la propia legislación: por ejemplo, sobre las previsiones económicas del Gobierno, y un informe anual sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, entre otros. Las 'opiniones' se formulan “a iniciativa propia de la Autoridad” sobre ciertas materias específicas, como “la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, pero también “sobre cualquier otro asunto cuando así lo disponga una ley”, como recoge su artículo 23 c).

Por último, los 'estudios' son encargos de las administraciones públicas, más allá de los informes. En concreto, la ley establece que la AIReF “realizará los estudios que el Gobierno de la Nación” le solicite.

La presidenta de la AIReF recordó que la entidad pública tiene muy tasados cuáles son los ‘informes’ y que, en este caso, el análisis debe encajar en el capítulo de ‘estudios’. Aunque pueda parecer baladí la terminología de ‘informe’ o ‘estudio’, no lo es. Herrero explicó en el Pacto de Toledo que, en el caso de los estudios, es la AIReF quien pacta con las administraciones la metodología y el calendario, y que no pueden ser impuestos al organismo.

La respuesta de la AIReF ha sorprendido en algunos sectores, que advierten un “comportamiento distinto” de la institución en materia de pensiones respecto a otros muchos análisis obligados por ley que se han ido aprobando a lo largo de su historia, como la opinión anual sobre el ingreso mínimo vital, sin que haya habido quejas de este tipo por el organismo.

Estos mandatos legales no se han aprobado solo por este Ejecutivo. El Gobierno de Mariano Rajoy, que creó la AIReF en 2013, también aprobó que la entidad debía emitir opiniones sobre los valores para determinar el índice de revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad.

El Gobierno insiste en que “no es voluntario”

La presidenta de la AIReF argumentó que había elevado una consulta a la Abogacía del Estado sobre este análisis. “No siendo vinculante, así nos lo recuerda: los informes tienen que ser los que dice la Ley Orgánica, ni uno más ni uno menos. Ni por ley, ni por decreto se nos puede decir que hagamos un informe porque tienen que ser los que dice la ley orgánica”, sostuvo.

elDiario.es ha pedido a la AIReF la resolución de la Abogacía del Estado al respecto, pero el dictamen no ha sido facilitado por la institución. El Ministerio de la Seguridad Social sostiene, en cambio, que la consulta de la AIReF a la Abogacía “ha ratificado que este nuevo informe, que está previsto en la cláusula de cierre, debe considerarse dentro de los estudios de la Ley de la AIReF”.

“Es decir, señala que no es potestativo y, por tanto, consecuentemente, está en disposición de elaborarlo”, indican fuentes del departamento de la ministra Elma Saiz.

En la Seguridad Social explican que el nuevo análisis para 2026 se encomendó “como un informe de seguimiento, no como una nueva evaluación”. Y sostienen que el organismo debe cumplir con los plazos estipulados por el Ejecutivo. “Debe ser la AIReF quien, si así lo considera, plantee alguna modificación o adapte su metodología. Sin embargo, la fecha de vencimiento sigue siendo junio de 2026”, destacan en el Ministerio.

Uno de los puntos más llamativos de este choque es que el Ministerio de la Seguridad Social asegura que no ha sido informado por el organismo de ningún cambio de planes respecto a esta evaluación. “La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no ha comunicado oficialmente ninguna intención de paralizar el informe. Entendemos que se elaborará de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Críticas expresas a la reforma de pensiones del Ejecutivo

La pugna por este análisis de las pensiones en 2026 en realidad es solo una derivada de una crítica de fondo de la presidenta de la AIReF a la propia regla de gasto en pensiones, pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá con la Comisión Europea en la reforma de pensiones de 2023 y respaldada después por el Congreso de los Diputados.

La reforma recogía un refuerzo del sistema público de pensiones con un incremento de los ingresos, sin recortes, gracias a un aumento de las cotizaciones sociales y, en especial, de lo que aportan los salarios altos.

En este esquema, el hoy gobernador del Banco de España (antecesor de Cristina Herrero en la presidencia de la AIReF antes de ser nombrado ministro) incluyó un mecanismo semiautomático de control por parte de la Autoridad Fiscal, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos.

Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. En ausencia de un pacto para aplicar estas medidas, la regulación previó un alza de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).