El Tribunal Superior de Bogotá ha decidido extender el plazo para que las víctimas presenten su recurso de casación en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La nueva fecha límite es el 13 de enero de 2026 a las 17:00 horas. Esta decisión se formalizó en un auto fechado el 24 de noviembre de 2025. La prórroga fue solicitada por la Fiscalía General y los representantes de las víctimas, quienes buscan impugnar la absolución de Uribe, dictada en octubre pasado. El tribunal había absuelto a Uribe de una condena de 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La Sala Penal, compuesta por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, evaluó las solicitudes de la Fiscalía y de los abogados de las víctimas. La ampliación del plazo se fundamenta en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, que permite una única prórroga de los términos procesales cuando la preparación del recurso lo requiere. A diferencia de la Ley 600 de 2000, que exigía razones graves para extender los plazos, la nueva ley ofrece mayor flexibilidad. Los representantes de las víctimas argumentaron que la complejidad del caso y el volumen de pruebas justifican la necesidad de más tiempo. La Fiscalía también apoyó la solicitud, señalando que la prórroga es esencial para garantizar la administración de justicia. Con esta extensión, las víctimas y la Fiscalía tendrán más tiempo para estructurar sus argumentos ante la Corte Suprema. El objetivo es cuestionar la decisión absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá y obtener una revisión de los fundamentos jurídicos y probatorios del fallo. El auto también menciona que la decisión de prórroga admite recurso de reposición, lo que permite a las partes solicitar una nueva revisión del término ampliado. Una vez que se presente el recurso de casación, la Corte Suprema evaluará si admite o inadmite la demanda. Si es admitida, se revisarán los cargos formulados, que pueden incluir errores de derecho o violaciones al debido proceso. Finalmente, la Corte podría confirmar la decisión del Tribunal Superior, casar parcialmente o totalmente la sentencia, o incluso ordenar nuevos actos procesales si se identifican vulneraciones a las garantías procesales.