Las unidades Gaula de la Policía y del Ejército enfrentan una grave crisis tras una reciente resolución de la Fiscal Luz Adriana Camargo. Esta decisión ha reducido el número de fiscales especializados en secuestro y extorsión de 120 a solo 40, lo que representa un retroceso significativo en la lucha contra estos delitos. Fuentes de la fuerza pública han confirmado que, en 2025, los casos de secuestro han aumentado un 125% en comparación con el año anterior. La Fiscalía ha decidido retirar a los fiscales especializados, asignando la mayoría de los nuevos casos a fiscales en las Unidades de Reacción Inmediata (URI). Según las mismas fuentes, el 70% de los casos de extorsión son cometidos por delincuencia común. Esto significa que estos casos quedarán en manos de fiscales que no cuentan con la especialización necesaria, lo que podría frenar las investigaciones en profundidad. En lo que va del año, se han reportado más de 10.000 casos de extorsión. La crisis generada por la fiscal general de la Nación ya está teniendo repercusiones graves en las investigaciones actuales. Un caso emblemático es el del cabo Jersey Alexander Quintero, quien fue secuestrado y asesinado el 8 de noviembre en Bogotá mientras intentaba comprar un vehículo. Un investigador que conoció el caso declaró: “Buscamos que un fiscal recibiera la denuncia para adelantar los actos urgentes y rescatar al cabo, pero no fue posible; días después lo torturaron y asesinaron”. El cabo Quintero había ahorrado 10 millones de pesos para su compra y estaba en proceso de ascenso. Desafortunadamente, la cita con los supuestos vendedores resultó ser una trampa, ya que eran miembros del Tren de Aragua, quienes lo secuestraron, torturaron y finalmente asesinaron. Su cuerpo fue encontrado en un paraje del municipio de Soacha, lo que resalta la gravedad de la situación actual en la lucha contra el crimen organizado en el país.