La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una crisis de credibilidad alimentada por el comportamiento de varios de sus integrantes. La tentativa de ministros como Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza de reabrir casos cerrados viola principios constitucionales esenciales y agrava la desconfianza ciudadana.

Revisar sentencias definitivas no es innovación jurídica, sino una rendición abierta ante intereses políticos. La cosa juzgada sostiene la estabilidad democrática; sin ella, cualquier fallo definitivo puede manipularse para favorecer a gobiernos, aliados o grupos de presión. Que incluso Yasmín Esquivel haya frenado esta idea muestra la gravedad institucional.

La reforma judicial de 2024 prometió democratizar el Poder Judicial mediant

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