La inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza , decidida el 25 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso peruano , ha generado una fuerte ola de críticas y preocupación tanto en el país como en el ámbito internacional. Expertos y organizaciones alertan que la medida supone una amenaza directa al Estado de derecho y al combate contra el crimen organizado .
La sanción fue aprobada con dieciséis votos a favor, y se complementó con la autorización para investigar penalmente a Espinoza por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. La acusación se centró en la firma de un documento que orientaba el trabajo de fiscales y la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares

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