La reciente sentencia contra Pedro Castillo marca un momento crucial en la historia judicial de Perú. El Poder Judicial ha condenado a Castillo, convirtiéndolo en el quinto expresidente peruano en ser sentenciado a prisión en los últimos años. Este hecho es tanto insólito como alarmante, ya que no solo se le acusa de corrupción, sino que también se le responsabiliza por un intento de quebrar el orden democrático.

El tribunal ha determinado que los eventos del 7 de diciembre de 2022 no fueron una simple improvisación, sino un acto deliberado para subvertir la Constitución. Aunque la condena es ejemplar, es importante señalar que la pena impuesta es inferior a lo que inicialmente solicitó la Fiscalía.

La democracia peruana, que ha enfrentado numerosos desafíos, necesitaba una respuesta contundente ante un intento de golpe de Estado. La sentencia subraya que no puede haber ambigüedad frente a quienes buscan suprimir libertades y concentrar el poder. La defensa de la democracia no debe depender de simpatías políticas, sino del compromiso de resolver diferencias a través de las urnas.

A medida que se acercan las próximas elecciones, este episodio se presenta como un llamado urgente a la reflexión. Es fundamental que los ciudadanos exijan integridad y respeto por las reglas, evitando dejarse llevar por discursos populistas. La responsabilidad cívica de elegir mejor es el primer paso para romper el ciclo de desilusión y corrupción.

Por otro lado, la justicia peruana ha demostrado su capacidad para investigar y sancionar a altos funcionarios. Sin embargo, este estándar se ve comprometido cuando se trata de miembros del establishment que aún detentan el poder. Los peruanos han sido testigos de cómo los procesos se estancan y las denuncias se archivan, lo que genera una justicia asimétrica.

La reciente liberación del expresidente Alberto Fujimori, a través de un indulto cuestionado, es un claro ejemplo de esta distorsión. El Congreso y el Tribunal Constitucional han ignorado estándares mínimos de justicia, desobedeciendo incluso fallos de organismos internacionales.

Los actuales legisladores deben ver las sentencias contra expresidentes no como trofeos políticos, sino como un espejo que refleja la necesidad de rendir cuentas. La justicia en Perú ha demostrado ser rápida y efectiva, pero aún queda pendiente que se aplique con la misma firmeza a quienes manipulan el poder. Solo así se podrá hablar de un sistema verdaderamente democrático, donde la ley sea un principio universal, sin excepciones ni privilegios.