Colombia se encuentra en una de las etapas más críticas de su historia reciente en el sector salud. Un diagnóstico presentado por Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo) y Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud) revela un déficit estructural alarmante. Este déficit se manifiesta en barreras de acceso, hospitales financieramente asfixiados, miles de trámites represados y demoras que pueden superar los cinco años para acceder a medicamentos innovadores. La advertencia es clara: sin una reforma urgente en la financiación, regulación y acceso a tecnologías, el sistema de salud podría enfrentar una quiebra funcional que impactaría directamente la calidad de vida de los pacientes. Uno de los problemas más críticos es el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado asigna por cada afiliado para cubrir los servicios de salud. Según el informe, por cada 100 pesos que recibieron las EPS en 2023 y 2024, gastaron 108. Además, la deuda del sistema supera los 27 billones de pesos. El cálculo oficial se realizó con datos incompletos, utilizando información de solo cuatro EPS que representan apenas el 25% de la población. Estas deficiencias han generado una cadena de consecuencias, incluyendo un aumento en las tutelas, más barreras de acceso, un incremento del gasto de bolsillo y un deterioro en la adherencia a tratamientos esenciales. Los voceros de Afidro y Proesa enfatizaron: “Sin una UPC suficiente y bien calculada, el sistema está condenado a la quiebra”. Otro gran desafío es la crisis operativa del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Actualmente, la entidad enfrenta más de 12.000 trámites represados, procesos manuales, baja digitalización y una reducción presupuestal significativa. Esto se traduce en demoras promedio superiores a cinco años para aprobar medicamentos que ya han sido autorizados en otros países. La situación también pone en riesgo la disponibilidad de fármacos fabricados en Colombia, con pérdidas económicas proyectadas de hasta 360 mil millones de pesos y un potencial de 159 mil empleos menos. En el caso de pacientes con cáncer, los tiempos de espera son dramáticos: cerca de 3 a 5 años para la aprobación del Invima y 2 años adicionales para su inclusión en el plan de beneficios, sumando un total de 6 años de espera. Afidro y Proesa han propuesto tres líneas de acción prioritarias que deberían ser consideradas por los candidatos a la presidencia el próximo año. Primero, una UPC suficiente y técnica, que incluya el rediseño de la metodología de cálculo con datos completos y la creación de una mesa técnica con la participación de la academia, EPS, IPS y sociedades científicas. También sugieren establecer un fondo de saneamiento para pagar las deudas acumuladas y buscar nuevas fuentes de financiación progresiva. En segundo lugar, proponen una transformación urgente del Invima, que incluya la digitalización del 100% de los procesos regulatorios, la reforma de la evaluación de medicamentos con expertos independientes y la garantía de un presupuesto anual estable. Además, sugieren adoptar buenas prácticas regulatorias de agencias como las de Canadá o Reino Unido. Por último, plantean el acceso a tecnologías innovadoras basado en valor, diseñando pilotos de negociación para áreas con barreras críticas y revisando la normatividad y procesos para acuerdos de riesgo compartido. También proponen evaluar tecnologías desde una perspectiva integral que contemple aspectos sociales, económicos y terapéuticos. El diagnóstico presentado por Afidro y Proesa es preocupante, pero también ofrece una ruta posible y viable para abordar los desafíos del sistema de salud en Colombia.