Congresistas de Florida pidieron este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga el castigo contra cuatro líneas de crucero por lucrar con el transporte de pasajeros a un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks por el Gobierno cubano, al que pagaron US$ 130 millones .

El republicano Mario Díaz-Balart lideró un amicus brief bipartidista para solicitar a la Corte aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a personas con “propiedades confiscadas por el régimen de Castro” demandar a empresas que “deliberadamente traficaron con esos bienes robados”.

El caso se deriva de acusaciones contra las matrices de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC que, entre 2015 y 2019, presuntamente obtuvieron ganancias “mediante el uso de propiedad robada”,

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