La madrugada del 3 de diciembre de 2013 estalló un sistema de autogobierno policial instaurado por Alejo Paredes, un policía de elite que buscó proyección política y ocupó el Ministerio de Seguridad hasta septiembre de 2013, y por Ramón Frías, jefe de Policía que estableció un pago en negro para los efectivos: el genoma del motín.

Paredes había sido designado jefe de Policía por José Manuel de la Sota en 2007 y se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Juan Schiaretti. Cuando De la Sota recuperó la Gobernación en 2011, lo ascendió a ministro de Seguridad, pero debió nombrar a Frías como su sucesor al frente de la Policía.

Ese relevo forzado tensó una relación ya resquebrajada. Años después, ambos terminarían orbitando el negocio de la seguridad privada: Frías con la empresa RF

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