Una demanda ha sido presentada contra el Estado en relación con el caso del interno decapitado en la cárcel de Concepción, ocurrido el 9 de diciembre de 2024. La acción legal denuncia la negligencia de Gendarmería, argumentando que se mezcló a un interno de bajo compromiso delictual con otro de alta peligrosidad. El interno Vincent González Aguirre fue encontrado sin vida en la celda 21 del módulo 42, tras ser decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín. Este crimen fue perpetrado con armas blancas artesanales que, según se informa, fueron encontradas por los guardias. La Fiscalía formalizó recientemente a Valdés por homicidio calificado. En respuesta, la madre de la víctima, Glenda Aguirre, ha decidido presentar acciones civiles, señalando la falta de protección del Estado a través de Gendarmería. El abogado de la demandante, Andrés Durán, explicó que "la principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió". La demanda sostiene que la negligencia del Estado se evidencia en la falta de segregación en la cárcel, donde se mezclaron internos de diferentes niveles de peligrosidad. Vincent González, de 27 años, era considerado de menor grado delictual, mientras que su compañero era un reo peligroso. Además, Durán destacó la falta de fiscalización que permitió a Diego Valdés poseer armas blancas en su celda. "Hay un incumplimiento de las normas por Gendarmería sobre las normas de clasificación de los internos, así como no deben haber cuchillos en las celdas", afirmó el abogado. La demanda indemnizatoria está actualmente en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado.