Una demanda contra el Estado ha sido presentada en relación con el caso del interno decapitado en la cárcel de Concepción, ocurrido el 9 de diciembre de 2024. La acción legal denuncia a Gendarmería por negligencia, argumentando que se mezcló a un interno de bajo compromiso delictual con otro de alta peligrosidad. El cuerpo sin vida de Vincent González Aguirre fue encontrado en la celda 21 del módulo 42, donde su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, lo decapitó utilizando armas blancas artesanales que, según la denuncia, no fueron debidamente fiscalizadas por los guardias. La madre de la víctima, Glenda Aguirre, ha decidido presentar acciones civiles, señalando que el Estado, a través de Gendarmería, no protegió la vida de su hijo. El abogado de la demandante, Andrés Durán, afirmó: "La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió". La demanda sostiene que la negligencia del Estado se evidencia en la falta de segregación en la cárcel, donde se permitió que Vincent, de 27 años, conviviera con un reo peligroso. Durán también destacó la falta de control que permitió a Valdés poseer armas blancas en su celda. "Hay un incumplimiento de las normas por Gendarmería sobre las normas de clasificación de los internos, así como no deben haber cuchillos en las celdas", sentenció el abogado. La demanda indemnizatoria, que busca una reparación económica de 280 millones de pesos, está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado. La Fiscalía formalizó recientemente a Valdés por homicidio calificado, lo que añade un contexto más grave a la situación. Este caso ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la seguridad y el manejo de los internos en las cárceles chilenas, así como la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.