La administración de Gustavo Petro enfrenta una crisis significativa a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026. La semana pasada estuvo marcada por una serie de escándalos que han puesto en entredicho la credibilidad del mandatario colombiano. Las acusaciones no solo afectan la financiación de su campaña, sino que también cuestionan su estilo de gobernar y su política de "Paz Total".

Las revelaciones incluyen la filtración de información entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de las Farc. Además, se suma la sanción histórica impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña por irregularidades en la financiación. Estos eventos han generado un torbellino de acusaciones que impactan la seguridad nacional, la lucha contra la corrupción y la transparencia electoral.

El lunes 24 de noviembre, Noticias Caracol reveló una investigación sobre la infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el informe, el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI Wilmar Mejía habrían filtrado información reservada a las disidencias, permitiendo que evadieran operativos militares. Esta situación ha suscitado preocupación en diversos sectores de la sociedad, incluyendo políticos de diferentes ideologías.

El presidente Petro descalificó las acusaciones, calificándolas de "falsas" y expresando su desconfianza hacia la veracidad de la información. En una alocución televisada, insistió en la necesidad de un examen forense de los chats y correos implicados antes de tomar decisiones.

El martes, la situación se complicó aún más con el anuncio de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó la detención preventiva de dos exministros del Gobierno de Petro: Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos están acusados de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), donde supuestamente desviaron recursos destinados a proyectos de ayuda humanitaria a cambio de apoyo político.

Aunque Bonilla y Velasco no han sido arrestados, la imputación de cargos por parte de la Fiscalía ha dejado una marca difícil de borrar en la administración de Petro. Estos escándalos han evidenciado la creciente fractura en su agenda política y han alimentado la polarización en el país, complicando aún más su gobierno en un momento crítico.