La subida salarial pactada entre el Gobierno central y los sindicatos para los empleados públicos pone en un aprieto a la Comunidad Autónoma ante la inminencia del cierre del ejercicio presupuestario de 2025 y el incremento retributivo del 2,5% acordado para este año con efecto retroactivo a 1 de enero. A expensas de que el acuerdo lo valide el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha la maquinaria para intentar que los más de 75.000 empleados autonómicos vean en sus nóminas el incremento retributivo antes del 31 de diciembre, pero todavía no hay garantías porque la previsión era cerrar la nómina y la paga de diciembre en los próximos días.

El malestar que ha provocado este acuerdo en los últimos compases del año es notorio, no solo por

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