La orden de no dejar supervivientes en los ataque a supuestas narcolanchas pone contra la cuerdas al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante las dudas de republicanos y demócratas en el Congreso sobre su legalidad

Donald Trump y Pete Hegseth reaccionaron enfurecidos ante la campaña de congresistas demócratas en contra del cumplimiento de órdenes ilegales por parte de los militares hace unos días. Y esa posibilidad ya ha estallado, después de que el Washington Post informara el viernes de que el secretario de Guerra dio la orden de no dejar supervivientes en el primer ataque a una supuesta narcolancha, el pasado 2 de septiembre. Y hasta tal punto fue así, que el Ejército de EEUU hizo un segundo ataque para rematar a dos supervivientes, algo que sería considerado un crimen de guerra, en tanto que tendrían que haber proporcionado auxilio en vez de más dinamita.

La ley del mar dicta que cuando un barco es hundido en alta mar, existe el deber de rescatar a los supervivientes. Es decir, está sobre la mesa la posibilidad de un crimen de guerra: no sólo bombardearon una lancha civil indefensa, sino que, una vez bombardeada, el ataque siguió hasta que no quedaran supervivientes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha intentado explicar lo sucedido aquel día, hace tres meses, cuando empezó una campaña de asesinatos extrajudiciales que se ha cobrado ya 83 vidas en 21 ataques. Según Leavitt, que ha reconocido que se produjo ese segundo ataque, “los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley [comandante del Comando Central, CENTCOM] a llevar a cabo estos ataques. El almirante Bradley actuó dentro de su autoridad y de la ley que rige el combate para garantizar que se destruyera la embarcación y se eliminara la amenaza para EEUU”.

Según Leavitt, “esta Administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras. El presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a EEUU y si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es lo que están haciendo. Es una de las muchas razones por las que el pueblo estadounidense reeligió a este presidente y apoya a este secretario de Guerra en estos ataques”.

Presión a Gobiernos extranjeros

Donald Trump está convirtiendo el Pentágono en el arma contra sus enemigos internos y externos. Una vez que el ICE está evolucionando en una fuerza policial propia, dependiente solo del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, de la Casa Blanca, el Pentágono le sirve a Trump para purgar altos mandos que no le son dóciles en su política exterior y de defensa –o de Guerra, como le llama ahora–, además de matar personas indefensas en el Caribe y el Pacífico como elemento de presión contra Nicolás Maduro y Gustavo Petro, presidentes sancionados por la Administración Trump por “narcoterrorista” y “narcotraficante”, respectivamente.

Además, para cumplir los deseos del presidente de EEUU, hay 15.000 soldados listos en las inmediaciones de Venezuela listos para atacar. Y si al final ocurre un ataque, como el bombardeo a Irán, quien no asuma la versión de lo ocurrido que den Hegseth y Trump, por muy prematuro que fuera asegurar que las instalaciones nucleares iraníes habían sido borradas del mapa, será considerado una persona desleal que pone en duda la valía de los soldados estadounidenses.

Persecución a congresistas demócratas

Los representantes demócratas que aparecieron en un video en las redes sociales instando a las tropas a no obedecer “órdenes ilegales” afirman que el FBI los ha contactado para comenzar a programar entrevistas, lo que indica una investigación sobre el asunto. Esa investigación llegó un día después de que el Pentágono anunciara que estaba investigando al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles violaciones de la ley militar.

Las acciones del FBI y el Pentágono se han producido después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, acusara a los legisladores de sedición y afirmara que se castiga con la “muerte” en una publicación en redes sociales. Los seis legisladores demócratas que aparecen en el video han servido en las fuerzas armadas o en la comunidad de inteligencia.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, criticó ambas investigaciones en redes sociales, afirmando que acusar a los legisladores “de traición y sedición por señalar con razón que los militares pueden rechazar órdenes ilegales es imprudente y totalmente erróneo”.

“El Departamento de Defensa y el FBI sin duda tienen prioridades más importantes que esta investigación frívola”, escribió Murkowski.

En el video, los legisladores afirmaron que necesitaban tropas para “defender nuestras leyes... nuestra Constitución”. Kelly, quien fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y luego retirarse con el rango de capitán, les decía a las tropas que “pueden rechazar órdenes ilegales”.

Después de que el Pentágono anunciara la investigación sobre Kelly el pasado lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la remitió a la Armada el martes y solicitó una reunión informativa antes del 10 de diciembre.

¿Y a qué órdenes ilegales se refieren? Slotkin ha señalado las órdenes al ejército de hacer estallar pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, acusadas de transportar drogas, y los continuos intentos de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses a pesar de algunos reveses legales.

Purga en el Ejército

Pete Hegseth ha despedido o marginado a al menos dos docenas de generales y almirantes durante los últimos nueve meses en una tanda de destituciones que tendrá consecuencias en las fuerzas armadas estadounidenses durante años. Y lo ha hecho sin dar explicaciones, y a menudo en contra de las recomendaciones de los altos mandos militares, según publica The New York Times.

Así, Hegseth ha retrasado o cancelado los ascensos de al menos cuatro altos oficiales militares porque trabajaron anteriormente para el general Mark A. Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto, a quien el presidente Trump ha acusado repetidamente de deslealtad. Uno de ellos es el general James Patrick Work, quien se esperaba que fuera el comandante adjunto del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las tropas en Oriente Medio.

“El nuevo rumbo está claro”, dijo Hegseth a unos oficiales reunidos en Quantico, Virginia: “Fuera los Chiarelli, los McKenzie y los Millay”. Se refería al general Peter W. Chiarelli, ex subjefe del Estado Mayor del Ejército, y al general Kenneth F. McKenzie Jr., ex jefe del Mando Central.

El general Stanley A. McChrystal, que dirigió durante años las tropas de operaciones especiales de élite del ejército en Irak y Afganistán y ahora está retirado, afirma, según NYT: “La larga historia de apoliticismo del ejército estadounidense siempre ha dependido de una norma según la cual los militares evitaban la política, mientras que los líderes civiles respetaban y protegían a los uniformados de la contienda política. Los últimos meses han puesto en tela de juicio este paradigma, con un riesgo significativo. Una vez perdida, la legitimidad de un ejército que refleja y representa a todos los estadounidenses será difícil de recuperar”.

En Hegseth, Trump ha encontrado un aliado dispuesto, explica The Atlantic. En su libro, La Guerra contra los Guerreros, Hegseth argumenta que los militares deberían tener amplio margen, incluso más allá de la ley, y afirma: “Nuestros enemigos deberían recibir balas, no abogados”.

En su primer mandato, Trump fue rechazado por altos mandos militares cuando sugirió que el ejército podría disparar a manifestantes pacíficos. En su segundo mandato, ha puesto el Departamento de Defensa bajo la tutela de Hegseth, cuya mayor cualificación es su lealtad al presidente de EEUU.

La purga de Trump en las fuerzas armadas busca sumar el Estado a sus propios intereses, hasta el punto de querer castigar a quien pide el cumplimiento de la Constitución por parte del Ejército.