“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”. Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera –compañía encargada de la gestión del Hospital público de Torrejón de Ardoz– ordenaba así rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios, según las grabaciones de audio a las que ha tenido acceso El País .

Frente a una veintena de mandos del grupo y del hospital, el pasado 25 de septiembre, Gallart explicó que la empresa debe “hacer iteraciones” para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, argumentando que la elasticidad entre listas de espera y cuentas de resultados es “directa”.

Durante ese encuentro, Gallart reclamaba seleccionar qué intervenciones convenía mantener y cuáles no. Aseguró que la organización es “capaz de determinar la actividad” que puede“ proveer” y que, estableciendo la lista de espera, se fijan también los gastos y el beneficio esperado. Insistía en que, si en el pasado pudieron aumentar personal para reducir las demoras, ahora era igual de sencillo “hacer el camino contrario”. Incluso pedía a sus responsables identificar procesos “no contributivos para el EBITDA”. “Seguro que tenéis mucha imaginación”, afirmaba, aludiendo a actividades menos rentables, especialmente entre los pacientes “no cápita”.

Consultado por El País, un portavoz de Ribera asegura que, fuera de su “contexto”, el contenido podía “malinterpretarse”. Y el nuevo gerente del hospital, Santiago Orio, sostiene por escrito que las reuniones internas están dirigidas a responsables “capaces de entender el contexto”. Además, añade que el único plan del grupo es ofrecer “una atención de la máxima calidad”. Mientras, la Consejería de Sanidad de Madrid niega conocer estas directrices y afirma que, de existir, “actuaría de inmediato”, recordando que el SERMAS controla el cumplimiento de los indicadores de gestión.

El caso ha reavivado las críticas al modelo de concesión sanitaria que Ribera impulsó con el llamado modelo Alzira. Aunque la Comunidad de Madrid inyectó recientemente fondos adicionales –32,7 millones para reestructurar la deuda del hospital–, Gallart sostiene que la financiación continúa siendo insuficiente. Desde la Administración regional, han defendido públicamente que el Hospital de Torrejón presenta un funcionamiento “sólido” y orientado a la “mejora continua”.