Ya tiene nombre. La nueva empresa pública de vivienda se llama Casa 47, según se ha desvelado este jueves en el acto de presentación oficial de la compañía, en referencia al artículo 47 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. “Cada día nos tenemos que recordar que no es optativo, dar respuesta a este derecho es un mandato constitucional”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha celebrado que, con la puesta en marcha de esta entidad, el Gobierno está “contribuyendo, 47 años después, a mejorar el Estado del Bienestar”.

“Todos los pilares del Estado del Bienestar se sustentan sobre una infraestructura pública, que se ha sostenido a pesar de las amenazas, los recortes y los intentos de privatización”, ha indicado Rodríguez, que ha puesto como ejemplo la educación, la sanidad, las pensiones o el sistema de dependencia público. “Es un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, de esos que España ha protagonizado en otros momentos de su historia y que no tiene marcha atrás”, ha dicho.

En concreto, Rodríguez ha avanzado que el Ministerio ha “encontrado los mecanismos jurídicos para que todo lo que construya la entidad estatal de vivienda sea público para siempre”. Un empeño del Ejecutivo , que busca evitar que la inversión de dinero, suelo o recursos públicos en un parque estatal acabe en menos privadas, como ha ocurrido en España en las últimas décadas.

Más allá del engranaje jurídico de la nueva empresa, la ministra ha avanzado, en líneas generales, cómo serán los contratos de alquiler. Tendran, ha dicho, el objetivo de dar “tranquilidad” a las familias y “no para que hoy accedan a una vivienda y mañana se vean desahuciadas o que destinemos fondos públicos a vivienda asequible por la que luego te piden 1.300 euros”. En este sentido, Rodríguez ha avanzado que los contratos tendrán una duración de hasta 75 años, que se revisarán por periodos de 14, para comprobar que no han cambiado las condiciones del hogar.

En cualquier caso, los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler asequible de la nueva empresa pública no son excesivamente restrictivos, a falta de conocer la letra pequeña que incluya cuestiones patrimoniales, al menos en la parte económica. En concreto, los inquilinos deberán tener una renta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Esto es, entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Una manga ancha que responde a un problema de acceso a la vivienda en el mercado libre que el Ejecutivo considera “transversal”.

Casa 47 habilitará, ya en 2026, un portal online “en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una”.

¿Cuánto costarán los alquileres? De nuevo, Rodríguez ha hecho referencia a “fórmulas jurídicas para garantizar que nadie va a destinar más del 30% de su renta a pagar el alquiler”. “Esto no significa que vamos a construir más barato, sino que ese coste que implica construir lo van a asumir las administraciones públicas”, ha insistido. La ministra ha puesto los ejemplos de Madrid, donde estima que los precios de Casa 47 estarán un 38% por debajo de los de mercado, o Málaga, donde se reducirían a la mitad.

“En otros lugares donde aún no se ha llegado a esa tensión, vamos a trabajar con otros criterios correctores, como que no se superen los precios actuales”, ha explicado Rodríguez, que ha mencionado las viviendas que la Sareb tenía en Olivenza, Badajoz, y donde, con una renta media de 25.000 euros anuales, los alquileres costarán unos 400 euros.

A las rentas que queden por debajo de los requisitos de acceso, es decir, con ingresos inferiores a los 16.800 euros anuales, “se les apoya a través de la vivienda social”, señalan desde Vivienda, que entiende que las rentas superiores a los 63.000 euros “no deben tener problemas para acceder al mercado libre”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una empresa pública , con capacidad para “construir y gestionar vivienda”, en la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE , que se celebró el pasado mes de diciembre. A lo largo de este año, desde el Ejecutivo han ido trabajando en la creación y el engranaje jurídico de esa nueva compañía, que se ha presentado este jueves, sobre la base de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes).

A lo largo de estos meses, desde el Ministerio de Vivienda se han ido dando pasos para nutrir a la nueva empresa estatal, como la transferencia en marcha de unas 45.000 viviendas y 2.400 suelos propiedad de la Sareb, el impulso a la Operación Campamento , par construir un nuevo barrio con unas 10.700 viviendas en Madrid o el anuncio de la construcción de 1.300 viviendas sobre terrenos en los que se levantaban antiguas cárceles . Este jueves, Rodríguez ha anunciado además el lanzamiento de “una oferta pública de vivienda con un fondo de 100 millones”, para introducir más casas en esa bolsa pública.