Hace dos semanas, el Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un proyecto de decreto cuyo objetivo es —presuntamente— regular la tercerización e intermediación laboral irregular en Colombia; sin embargo, este intento normativo que se presenta, sin darle muchos rodeos, es abiertamente ilegal.

A pesar de su gravedad y del riesgo que representa para el mercado laboral colombiano, la formalización del empleo y la libertad de empresa, la iniciativa ha pasado desapercibida. Hasta el momento, solo se han registrado algunos pronunciamientos tímidos por parte de los gremios y silenciosas reacciones de ciertos centros de pensamiento. Esta falta de reacción resulta preocupante, pues la medida amenaza con afectar profundamente las dinámicas laborales del país sin que se genere el debate públic

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