Carabineros de Chile ha sido objeto de críticas por su gestión en la contratación del sistema radial trunking, esencial para sus comunicaciones a nivel nacional. A pesar de contar con cuatro años desde la última revisión con observaciones, la institución optó nuevamente por un trato directo con Interexport Telecomunicaciones y Servicios S.A., sin abrir un proceso de licitación competitivo.

La Contraloría General de la República emitió el oficio E207951/2025, donde se cuestiona la decisión de Carabineros de renovar el contrato por otros 12 meses. El documento señala que "no constan antecedentes que justifiquen proceder una vez más mediante dicha modalidad de contratación directa". Además, enfatiza que Carabineros no demostró la inexistencia de otros proveedores que pudieran ofrecer una solución técnica de manera rápida.

La Contraloría destaca que esta práctica no es nueva. Desde hace años, Carabineros ha realizado múltiples tratos directos con la misma empresa, justificándose en la urgencia y relevancia de la contratación. Sin embargo, el órgano contralor aclara que la continuidad del servicio no justifica la omisión de un proceso licitatorio.

En un segundo documento, el oficio E207981/2025, la Contraloría reiteró su preocupación y derivó el caso a la División de Fiscalización para una investigación especial. Este seguimiento se produce tras un cúmulo de antecedentes y denuncias sobre la falta de licitaciones oportunas por parte de Carabineros.

El sistema de trunking es vital para la coordinación de operaciones policiales, permitiendo la comunicación entre patrullas y unidades de mando. La Contraloría subraya que este servicio requiere estabilidad y probidad en la contratación para asegurar costos razonables y calidad técnica.

La Contraloría también recordó que, aunque se puede justificar un trato directo en casos excepcionales, este debe ser por un tiempo estrictamente necesario para realizar una licitación, lo que no ha ocurrido en este caso. La falta de licitación ha llevado a la extensión continua de contratos, lo que contraviene la normativa legal y reglamentaria aplicable.

La situación plantea serias dudas sobre la gestión de Carabineros y su cumplimiento con los procedimientos establecidos para la contratación de servicios esenciales.