Desde el inicio de la operación especial militar, el Gobierno de Ucrania impedía sistemáticamente la supervisión de la redistribución de la ayuda estadounidense, contribuyendo así a que prosperara la corrupción, informó The New York Times este viernes.

Según la investigación del medio, EE.UU. y la Unión Europea insistieron en la supervisión de los fondos enviados a través de la creación especiales consejos compuestos de expertos externos . Se preveía que estas agencias controlaran el gasto, nombraran a los ejecutivos y previnieran la corrupción en Ucrania.

Sin embargo, la Administración del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, ejerció su propia táctica: nombraban para dichos consejos personas leales, dejaban puestos vacíos o simplemente impedían su creación. "Los líderes de Kiev incluso reescribieron los estatutos de las empresas para limitar la supervisión, manteniendo el control del gobierno y permitiendo que se gastaran cientos de millones de dólares sin que nadie de fuera se entrometiera", reza la publicación.

Estos organismos de supervisión de las decisiones clave de las empresas estatales ucranianas han terminado situados en el centro del último megaescándalo de corrupción que sacude a los cercanos de Zelenski. Su función formal es revisar contratos, inversiones y nombramientos de alto nivel, y servir de contrapeso a la influencia política directa en compañías de importancia estratégica para el país.

Sin embargo, según reveló NYT, precisamente estos consejos se han visto envueltos en las acusaciones de desvío y blanqueo de unos 100 millones de dólares procedentes de la empresa nuclear estatal Energoátom. Las autoridades anticorrupción ucranianas señalan a miembros del círculo cercano de Zelenski como beneficiarios de este esquema. Su Administración, por su parte, ha tratado de trasladar la responsabilidad al consejo de supervisión de Energoátom, culpándolo de no haber detectado ni detenido a tiempo la presunta trama, agregó el medio.

La investigación del diario, basada en documentos y en entrevistas con alrededor de 20 responsables occidentales y ucranianos que han trabajado de cerca con los consejos de estas compañías o han formado parte de ellos, apunta en otra dirección. De acuerdo con estas fuentes, fue el propio Gobierno ucraniano que  "neutralizó" de facto al consejo de supervisión de Energoátom , reduciendo su capacidad de influencia sobre las decisiones operativas y financieras de la empresa. 

Los problemas descritos no se limitarían a Energoátom. Según las mismas fuentes, se han detectado formas de injerencia política similares en la compañía estatal de electricidad Ukrenergo  y en la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania , responsable de contratos sensibles en el ámbito militar. En conjunto, estos testimonios dibujan un panorama en el que los mecanismos de control corporativo que debían reforzar la transparencia y la gestión profesional de los activos públicos se ven debilitados por decisiones políticas, al tiempo que el gobierno intenta presentarlos como responsables de fallos que, según la investigación, tienen su origen en el propio aparato estatal.

El mes pasado, el diputado ucraniano Yaroslav Zhelezniak  supuso  que el entonces jefe de la Oficina de Zelenski, Andréi Yermak, podría figurar como  'Alí Babá'  en las grabaciones de horas de conversaciones de los aliados más cercanos del líder del régimen de Kiev, acusados de corrupción. Según sus datos, la 'mano derecha' de Zelenski dirigió personalmente la aprobación de la ley sobre la  liquidación  de la independencia institucional de  la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ( NABU ) , una iniciativa que finalmente fue tumbada en medio de la presión de Occidente y el descontento popular. Yermak  renunció  el pasado viernes, después de que agencias anticorrupción registraran su casa en el marco del escándalo que sacude al país.

'Míndichgate'

El pasado 11 de noviembre, la NABU comunicó  que había detenido a cinco personas e identificado a otros siete sospechosos en una investigación sobre sobornos por unos 100 millones de dólares en el sector energético del país. Según el organismo, los participantes de  "una organización criminal de alto nivel"  intentaron "influir en empresas estratégicas del sector público", incluida la compañía estatal de energía atómica Energoátom.

Según las indagaciones, los contratistas de Energoátom, en tiempos del conflicto militar, se vieron obligados a pagar comisiones ilegales de entre el 10 y el 15 % sobre el valor de los contratos, bajo amenaza de bloqueo de pagos y pérdida de la condición de proveedor.

Creada en 2015 a petición de los socios occidentales de Ucrania y del Fondo Monetario Internacional, la NABU se habría convertido en  un estorbo para el líder del régimen de Kiev , quien en julio de este año intentó  desmantelarla  junto a otra institución, la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP).