La sentencia que condenó a Carlos Iván Barraza a diez años de prisión por fraude a la administración pública y peculado abrió un capítulo judicial aún más amplio que el propio juicio. Además de la pena y del decomiso definitivo de bienes, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia dispuso que el Ministerio Público Fiscal investigue a exfuncionarios, directivos de organismos provinciales y referentes sociales por presuntas maniobras vinculadas al uso irregular de fondos, terrenos, viviendas y recursos estatales durante los años 2022 y 2023.

El fallo, firmado por las juezas Glenda Vidarte de Sánchez Dansey , Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey , identifica al menos nueve líneas de investigación derivadas directamente de las pruebas y testimonios del debate oral . T

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