Derechos ciudadanos se ha convertido en una batalla de resistencia burocrática. A pesar de la sentencia histórica lograda por la firma de abogados JM y el concejal José Luis Diago Franco , que obliga a la anulación masiva y automática de multas prescritas, la Secretaría de Tránsito de Popayán mantiene las trabas. Una investigación de PeriódicoVirtual.com destapa hoy la razón de fondo: un sistema financiero donde los intereses de un socio privado parecen pesar más que una orden judicial inapelable.

Un derecho ignorado: La carga de la prueba

El corazón del conflicto legal yace en el Artículo 159 del Código Nacional de Tránsito . La norma es clara: las multas prescriben por el paso del tiempo y la autoridad tiene el deber de declararlo "de oficio" . Es decir, la Secretaría debe bo

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