El Día de la Constitución volvió a convertirse en un escenario de choque político sin matices. El 47º aniversario de la Carta Magna, lejos de propiciar una imagen de unidad institucional, evidenció el clima de polarización que atraviesa la política española. Y, esta vez, con un ingrediente adicional: la estrategia del Gobierno para recomponer la relación con Junts , socio imprescindible para que Pedro Sánchez conserve margen legislativo.
Tras semanas marcadas por la erosión del Ejecutivo —casos de corrupción en su entorno, pérdida de apoyos y un Parlamento bloqueado—, el presidente aprovechó el acto institucional en el Congreso para enviar mensajes directos a los diputados de Carles Puigdemont. Lo hizo asumiendo errores, reivindicando “paciencia” y marcando distancias radicales con el PP, al que acusó de ser “heredero del franquismo”, expresión que el independentismo utiliza como contraste para justificar su ruptura con Sánchez.
Armengol abre la puerta a cambios constitucionales
La intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol , supuso un refuerzo explícito a la estrategia del Gobierno. En un discurso institucional que la oposición interpretó como un guiño directo a Junts, afirmó que la Constitución puede “ adecuarse a la diversa realidad territorial ”, e incluso convertirse en “un texto del siglo XXI” que recoja “nuevos derechos y libertades”.
En el PP —y también en otros grupos— esa frase fue leída como una invitación velada a introducir conceptos que el independentismo reivindica desde hace años:
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el reconocimiento de la plurinacionalidad ,
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la existencia de “naciones” dentro del Estado,
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y la posibilidad de encajar jurídicamente el llamado derecho a decidir .
El planteamiento entronca con la tesis defendida por José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor periódico con Waterloo, y partidario de reconocer una “identidad nacional catalana” dentro del marco constitucional.
Puigdemont mantiene el portazo
Pese a los gestos, Junts no se ha movido un milímetro . La formación anunció su ruptura con Sánchez a finales de octubre y mantiene que “están donde estaban”. Lo han demostrado tumbar la senda de estabilidad presupuestaria —un trámite imprescindible para elaborar los Presupuestos— y nada indica que la próxima semana vayan a cambiar su posición.
El mensaje de Waterloo es claro: no habrá vuelta al pacto mientras el Gobierno no cumpla íntegramente los compromisos adquiridos durante la investidura. La distancia entre ambos es, por ahora, total.
Sánchez insiste en resistir: “Gobernaré con o sin Presupuestos”
En su entorno admiten que el presidente afronta el momento de mayor debilidad política desde 2018. La pérdida de su mayoría parlamentaria, la presión por los casos Ábalos, Cerdán y Salazar, y la dependencia de un socio que ya no confía en él complican seriamente su agenda legislativa.
Aun así, Sánchez se mantiene en el guion:
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asegura que agotará la legislatura hasta 2027 ,
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afirma que aprobará votaciones clave en el Congreso “utilizando todos los instrumentos disponibles”,
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y subraya que su prioridad es culminar los fondos europeos y consolidar la “normalización” en Cataluña.
En lo práctico, eso significa que cada ley del Gobierno deberá ser modulada para agradar a Junts sin quebrar el equilibrio con Sumar, ERC, Bildu y el PNV , un ejercicio de funambulismo político extremadamente complejo.
La baza: el regreso de Puigdemont
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero , explicitó públicamente cuál es la pieza que podría desbloquear la situación: el regreso de Puigdemont a España . El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional avale esta posibilidad en primavera, lo que permitiría ofrecer a Junts un escenario político nuevo para reabrir puentes.
Si eso ocurriera, en Moncloa creen posible negociar unos Presupuestos “primeros y últimos” de la legislatura. Hasta entonces, nadie espera avances reales.
Un Día de la Constitución convertido en trinchera
El marco institucional del 6 de diciembre se convirtió en una batalla política a cielo abierto .
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Sánchez atacó al PP.
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Feijóo acusó al presidente de estar “al servicio de quienes quieren destruir la Constitución”.
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Ayuso criticó la deriva concesiva del Gobierno.
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Yolanda Díaz reclamó un nuevo pacto social.
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Vox, ausente del acto, agitó desde fuera contra lo que considera un “desmantelamiento constitucional”.
La crisis por los casos de corrupción que golpean al PSOE —Ábalos, Cerdán, Koldo García y ahora Paco Salazar— añadió tensión a la jornada, con un núcleo del partido reconociendo que la situación es políticamente “desgarradora”.
El resultado fue un aniversario constitucional plagado de gestos cruzados, donde cada actor pareció hablar únicamente para su propio electorado. Y donde Sánchez, sin mayoría y con la legislatura encallada, trató de mantener vivo un mensaje: aún tiene opciones, pero todas pasan por Junts.

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