El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha defendido su decisión de expropiar terrenos en la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio. Este anuncio se produce en medio de críticas y un requerimiento presentado por diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República. La expropiación, que costará cerca de 11.000 millones de pesos, afecta a 100 de las 215 hectáreas del terreno. El Minvu argumenta que esta medida es necesaria para abordar el déficit habitacional que afecta a más de 11.000 personas registradas en el catastro oficial de campamentos del año 2024. En una declaración pública, el ministerio citó diversas normas legales que respaldan su facultad para implementar políticas habitacionales y expropiar terrenos. "El caso de la toma Cerro Centinela representa una situación de urgente necesidad habitacional", señaló el Minvu. La entidad también aclaró que la expropiación no busca evitar un desalojo, como han afirmado algunos críticos, sino que es parte de un plan para integrar a otras familias en programas habitacionales. Además, el ministerio destacó que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) tiene la autoridad para llevar a cabo esta expropiación bajo la causal de utilidad pública. El Minvu subrayó que el plan de desalojo fue presentado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que se procederá con la expropiación parcial del terreno. También se mencionó que una comisión de expertos determinará el monto de la indemnización provisional para los propietarios afectados. Finalmente, el ministerio hizo un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto, enfatizando que el Gobierno busca soluciones equilibradas dentro del marco legal y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación excepcional.